TABASCO. A 9 años de inaugurarse el fraccionamiento Siglo XXI en Macuspana, los habitantes no han terminado de pagar sus casas por las pérdidas económicas y materiales que provocó la inundación de 2020, sin que hasta la fecha hayan recibido algún tipo de apoyo del Gobierno.

Los afectados también acusaron de que no reciben agua potable del municipio, teniendo que construir su propio pozo y sistema de drenaje.

Con adeudos que van de los 40 mil hasta los 230 mil pesos, las familias del fraccionamiento Siglo XXI, inaugurado en 2016 por el ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, aún no terminan de cubrir el adeudo de sus viviendas, debido al aumento de precios y por las dificultades que atravesaron tras la inundación que dejó a muchos residentes sin un patrimonio.

"Es como vivir en una renta, pagando la renta de tu propia casa de por vida", considera Carlos Luis Hernández sobre acostumbrarse a estar pagando mensualmente.

Sin embargo, se queja de que "el agua llega turbia", y menciona que a pesar de haber logrado, entre todos, la instalación de un pozo profundo, la mayoría de las veces tienen que esperar a que se asiente el agua para poder utilizarla.

Aunque la seguridad no es un tema que los aqueja, el señor Luis cree que deben mantener cerrado para evitar cualquier situación de peligro.

"Al menos es seguro, no asaltan o roban por aquí la verdad", menciona Jared, un joven del fraccionamiento.

Y es que en la entrada del lugar hay una casa abandonada que se inscribe como "Casa de Mecánicos" y más adelante, al salir de la comunidad, se observan casas en obra negra, abandonadas. Ante esto, los residentes no se preocupan y mantienen su opinión de que el lugar es seguro.

Isabel Argos señala que es al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) al que le pagan mensualmente por la casa, aunque el Ayuntamiento de Macuspana rebate que lo donado fue el terreno, pero la casa no.

“Cuando hicieron este fraccionamiento dijeron que era para los más pobres (…) que según tenían valor de 40 o hasta 60 mil pesos, de allí pasó a 250 mil pesos (…) nos mandaron a hacer un contrato nuevo, el primero era a ocho años y de allí se fue a 12 años”, menciona la señora.

En la casa de Pablo Elías Pedrero cuentan que, de igual forma, los residentes del lugar han tenido que pagar la construcción del pozo que les proporciona agua, y también se encargaron de armar el sistema de drenaje.

Desde hace 6 años gestionan un muro de contención para protegerse de las crecidas del río, pero la petición ante las autoridades no ha prosperado.

“Ahorita estamos pagando mensualidades de la casa, pero atrasadas, no vamos al corriente porque después de la inundación teníamos que reponernos y nos atrasamos”, admite la señora Argos, quien critica al Gobierno por haberlos dejado abandonados tras la inundación.

“Las rancherías siempre son las beneficiadas con los programas de vivienda, nosotros no recibimos nada y si nos dan algo, hay que pagarlo”, reprocha.

Durante las épocas de lluvia, el fraccionamiento suele inundarse, por lo que un vecino del asentamiento urbano condena que las autoridades siempre se esperen a que el lugar tenga el agua hasta el cuello para prender el cárcamo.