CAMPECHE. Hastiados del abandono de administraciones gubernamentales y municipales, pobladores de las comunidades de Dos Lagunas Sur, Santo Domingo (Sacrificio), Unión 20 de Junio (Mancolona) y San José, en el municipio de Calakmul, externaron sus quejas ante los diputados del Congreso del Estado de Campeche.

En lo que fue la sesión del Congreso Itinerante que está presidiendo en comunidades el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, los habitantes expresaron su preocupación por problemas agrarios que han estado en disputa durante más de tres décadas, así como por la escasez de agua, el deterioro de las carreteras, los insuficientes servicios de salud en la región y la falta de apoyos al campo.

Durante la visita del diputado Jiménez Gutiérrez, los pobladores señalaron la necesidades de las que carecen, e incluso acusaron de que “hay más caminos sacascosechas de papel como los de Nuevo Chonhuás, Calakmul, concretamente en el tramo Toño, callejones seis y nueve, cuyo costo fue de dos millones 549 mil 800 pesos, pero para que nadie se entere en las comunidades de esas obras, no se colocaron los letreros que indiquen su realización, características, monto de inversión, origen del dinero y rentabilidad social”.

Según avisaron que los letreros de las obras los facturan, pero, a decir de las observaciones de la Asecam, no fueron encontrados en las ubicaciones de las supuestas obras.

Asimismo, se tiene conocimiento que la Asecam detectó que las adquisiciones de bienes en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) que encabeza aún Ramón Gabriel Ochoa Peña, se realizaron sin ningún procedimiento legal.

Acusaron ante los diputados que son más de 20 millones de pesos los que deberá justificar en el paquete de 2023 el titular de la SDA.

Por su parte, Jiménez Gutiérrez aseguró que si bien la SDA ha sido auditada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) y ha recibido observaciones por la ejecución de caminos sacacosechas, es fundamental que se realicen las solventaciones necesarias, para esclarecer cualquier sospecha de irregularidades.

“De no ser así, las denuncias correspondientes serán interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal Administrativo”, advirtió el legislador, quien ya había dado a conocer que sería necesaria una auditoría.

Recordó que la Asecam encontró serias anomalías en la gestión de la SDA, incluyendo compras atípicas, irregularidades en la nómina, y obras que, aunque figuraban en los documentos oficiales, no estaban realmente construidas o no cumplían con los procesos legales requeridos.

Estas irregularidades han generado la indignación entre los pobladores, quienes se sienten afectados por la falta de infraestructura adecuada y la corrupción existente en la dependencia estatal.

El diputado Jiménez subrayó que los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la propiedad, serán defendidos con el apoyo de la autoridad estatal, y se comprometió a seguir de cerca la situación para asegurar que se haga justicia, y no se engañe a los campesinos y poblaciones indígenas que le han dado un voto de confianza al movimiento de la 4T, la que de ninguna manera les puede fallar.