QUITANA ROO. La industria de rentas vacacionales en Quintana Roo ha sufrido una caída significativa, reduciendo su oferta activa de más de 41 mil unidades durante su auge a apenas 23 mil en la actualidad. Este descenso se atribuye a la crisis turística en la región y a las regulaciones más estrictas aplicadas al sector.

Asimismo, pese a las advertencias de posibles efectos negativos en los destinos turísticos, el Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos, que incluye un nuevo cobro de 42 dólares para los visitantes que lleguen a México en crucero.

Con todo ello, muchos anfitriones, especialmente aquellos que operaban desde la pandemia, han optado por regresar al modelo de renta fija mensual o anual debido a:

– Costos elevados: Aumento en impuestos y gastos operativos.

– Regulación más estricta: Requisitos como el registro turístico (Retur-q) y el pago del IVA y del impuesto de hospedaje.

– Trámites complejos: La nueva normativa desalienta la operación por días.

En contraste, grandes propietarios con más de 200 unidades activas han logrado mantener su presencia en el mercado.

La hotelería tradicional ha señalado que estas plataformas siguen representando una competencia desleal, ya que, aunque cumplen con algunos impuestos, no están obligadas a pagar conceptos como el impuesto de saneamiento. Hoteleros del Caribe Mexicano han intensificado su gestión para endurecer la regulación, exigiendo un marco más equitativo para todos los prestadores de servicios turísticos.

La mayoría de las rentas vacacionales activas se encuentran en Solidaridad, Cancún y Tulum, aunque estos destinos también han experimentado una disminución. En Tulum, por ejemplo, las unidades activas han bajado a 5 mil 600.

Mientras tanto, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) confirma que las rentas vacacionales aún absorben una parte del turismo que no llega a la hotelería tradicional, lo que mantiene el debate sobre la regulación de este sector.

Asimismo, el Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos, que incluye un nuevo cobro de 42 dólares para los visitantes que lleguen a México en crucero.

La medida, que busca mejorar el control migratorio y aumentar la recaudación de derechos, fue aprobada con 80 votos a favor y 37 en contra, pese a las advertencias sobre sus posibles efectos negativos en destinos turísticos como Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo; Progreso, en Yucatán y Puerto Vallarta, La Paz y Los Cabos en la costa del Pacífico.

Por Quintana Roo, votaron a favor de este impuesto los senadores morenistas Gino Segura y Anahí González, mientras que la panista Mayulí Martínez Simón votó en contra.

Además del impuesto a los cruceros, la ley contempla incrementos en derechos relacionados con la minería, la extracción de metales preciosos y el uso de áreas naturales protegidas. Estas disposiciones han generado críticas de la oposición, que cuestiona su impacto económico y la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados.

Empresarios turísticos han expresado preocupación, señalando que los mayores costos podrían disuadir a los visitantes de elegir México como destino, afectando a las economías locales dependientes del turismo. La discusión sobre las implicaciones de estas medidas continúa generando debate.