CAMPECHE. La indignación estalló en la asamblea ejidal de la villa Pomuch del municipio de Hecelchakán, cuando representantes de la empresa Engie Mayakan presentaron una oferta de apenas 30 y 60 pesos por metro cuadrado para el uso de tierras ejidales, con el fin de instalar tuberías del proyecto Cuxtal II de gas natural.
Ante el rechazo unánime, intentaron corregir con una nueva propuesta de 60 pesos, lo que solo encendió más los ánimos entre los campesinos, quienes los acusaron de burlarse de la comunidad.
Los enviados de la empresa, encabezados por Antonio Segura, no lograron contener el descontento y abandonaron el local entre gritos de “¡fuera!” y advertencias de que no regresen si no llevan una oferta seria. “Si no vienen con una propuesta de 500 o 600 pesos, que ni regresen. Esto es una burla”, expresó uno de los ejidatarios al tomar el micrófono.
Durante la asamblea que reunió a 619 ejidatarios —el quórum necesario para sesionar—, los representantes de Mayakan explicaron que su oferta se basaba en un tabulador federal. Sin embargo, los asesores legales, Francisco de Jesús Chacón Canul y Amilcar Canul Poot, del núcleo agrario señalaron que, al tratarse de una contraprestación por el uso de tierras, el precio es objeto de libre negociación y no está sujeto a expropiación ni imposición unilateral.
Además, los ejidatarios denunciaron que, en otros ejidos, la misma empresa ha llegado a pagar hasta 1,900 pesos por metro cuadrado, por lo que consideraron insultante la cantidad ofrecida en Pomuch.
Tras la caótica salida de los enviados de Mayakan, los asesores legales informaron que, conforme al procedimiento legal y según el artículo 138 de la Ley de Hidrocarburos, la empresa cuenta ahora con un plazo de 30 días hábiles para presentar una propuesta formal con la mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o de la Secretaría de Energía.
El proyecto Cuxtal II, liderado por Engie México en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contempla una inversión de aproximadamente 2,000 millones de dólares. Este proyecto busca duplicar la capacidad de transporte de gas natural en la península de Yucatán, pasando de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios, mediante la construcción de alrededor de 700 kilómetros de gasoducto que atravesarán los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán.
El comisario ejidal, Pedro Yam Poot, confía en que la empresa busque una negociación antes de la instalación de la mesa federal, pues no le conviene seguir exponiéndose ni dejar mal a Engie con un proyecto trunco.
Los campesinos advirtieron que, si la empresa intenta realizar alguna obra sin un acuerdo previo, responderán con medidas drásticas para defender sus tierras. La comunidad permanece en alerta y firme en su exigencia de un trato justo y equitativo. Indignados por el cierre abrupto de la asamblea —ya que no se había cumplido el propósito de la sesión—, tomaron el micrófono para reprochar la actitud negativa e insultante de la empresa francesa y de Mayakán.
La sesión inició a las 10 de la mañana y concluyó cerca de la 1 de la tarde. Primero se realizó el registro de los ejidatarios, con una asistencia superior al 50%, suficiente para validar la asamblea. El punto principal surgió cuando los enviados de Mayakán —cinco en total, incluyendo a una mujer— leyeron la intención y una breve síntesis del proyecto que pretenden construir junto a la primera tubería de Mayakán.
Se supo que, de manera simultánea, el área jurídica de Mayakán intentó organizar asambleas en ejidos aledaños. Sin embargo, lo ocurrido en Pomuch sienta un precedente de resistencia frente a la presión de un gigante energético como Engie, empresa francesa que factura millones de dólares y euros en proyectos de generación de energía en diversas partes del mundo.
Mayakán expuso que, con la transportación de gas natural a través de los ductos, se dará servicio a dos plantas generadoras en Yucatán: una ubicada en Mérida y otra en Valladolid. Ambos proyectos son presumidos por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, aunque aún no están en funcionamiento y presentan retrasos de varios meses: uno de tres meses y el otro, de poco más.