CHIAPAS. Una investigación realizada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) ha sacado a la luz una de las problemáticas más profundas y silenciadas del sureste mexicano: los abusos laborales en los campos de café, cacao y azúcar en Chiapas.
Bajo el sol abrasador y entre surcos que huelen a historia y explotación, miles de trabajadores migrantes e indígenas sostienen una industria multimillonaria que exporta al mundo entero, mientras viven en condiciones precarias, sin derechos laborales garantizados y muchas veces, sin voz.
La Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado, ha iniciado operativos en empresas de distintos municipios para verificar que se cumplan los derechos laborales de migrantes, luego de denuncias y antecedentes de abusos en años anteriores.
Las inspecciones incluyen revisiones sobre condiciones de empleo, seguridad social y pago justo, ante el incremento de personas migrantes tanto centroamericanas como repatriadas desde Estados Unidos que buscan emplearse en la región.
Se han inspeccionado 50 empresas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Comitán. Las visitas incluyen la revisión de 18 rubros como afiliación al IMSS, pago del salario mínimo (establecido en $278.80 diarios), condiciones para mujeres embarazadas y entrega de comprobantes de pago. “Si tú como trabajador no te dan tu ticket timbrado donde te pagan, eso es una sanción”, apuntó Pablo Aguilar, director del Trabajo en Chiapas.
Empresas transnacionales como Neumann Gruppe (Exportadora de Café California), Ecom Agroindustrial (Agroindustrias Unidas de México y Cafés de Especialidad de Chiapas), Zucarmex y Grupo Porres concentran gran parte de las exportaciones agrícolas de Chiapas. Café, cacao y azúcar chiapaneco llegan a países como Alemania, Japón, Estados Unidos y Bélgica.
Sin embargo, la riqueza no permea hacia los campos donde se siembran estos productos. Por el contrario, el informe documenta jornadas extenuantes, salarios de hambre, viviendas insalubres, violencia de género, trabajo infantil y hasta condiciones de esclavitud moderna.
En los campos, el 98.5% de los jornaleros viven en pobreza. El trabajo es informal, sin contratos ni seguridad social. Las mujeres enfrentan una doble carga: trabajan en el campo y se hacen cargo de la cocina, el cuidado infantil y el hogar. Algunas, incluso embarazadas, cargan costales de 60 kilos de café. Las niñas y niños permanecen expuestos al sol o a agroquímicos tóxicos, o son llevados a trabajar.
El CIEDH contactó a empresas como Grupo Porres, Zucarmex y Finca Monte Verde para responder a denuncias sobre vivienda infame, muertes por falta de atención médica, alimentos en mal estado y abuso sexual. Ninguna respondió. También se señala el uso excesivo de agroquímicos como el glifosato, cuya relación con la leucemia infantil ya es investigada por especialistas.
En la Sierra, cafetaleras han sido tomadas por el crimen organizado, que fuerza a trabajadores a laborar bajo amenaza. Se denuncia que ese café se exporta a través de intermediarios hacia grandes empresas, sin que ninguna firma sea señalada directamente. A esto se suma el impacto de la crisis climática. Sequías, temperaturas extremas y contaminación agravan la situación. Ingenios como el de Huixtla han sido acusados de generar "lluvia de cenizas" y verter desechos al drenaje. Tampoco hubo respuesta de las empresas.
El CIEDH concluye que, sin una supervisión real del Estado mexicano, sin inspecciones efectivas y sin voluntad empresarial de transformar el modelo, Chiapas seguirá exportando riqueza a costa de pobreza. Se propone exigir políticas públicas de transparencia, acceso a salud, guarderías y salarios dignos. No se trata solo de responsabilidad social, sino de derechos humanos.
