QUNTANA ROO. El Comité Central de Lucha Magisterial denunció que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), encabezada por Elda Xix Euán, ha lanzado amenazas contra maestros en paro para obligarlos a regresar a clases este lunes 7 de abril. Las presiones incluyen advertencias sobre auditorías escolares que podrían derivar en sanciones por presunto abandono de trabajo.

El Comité sostiene que estas acciones violan derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y organización laboral, protegidos por los artículos 6, 9 y 123 de la Constitución, así como por tratados internacionales como el Convenio 87 de la OIT.

Desde el 25 de febrero, los docentes en paro conformaron legalmente la Coalición de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, buscando reconocimiento oficial como interlocutores. Aunque el gobierno estatal se ha negado, lograron entregar su pliego petitorio al gobierno federal y establecer contacto con legisladores, autoridades del ISSSTE y la Secretaría de Gobernación.

También participaron en foros nacionales convocados por la CNTE y otras organizaciones, ampliando su red de apoyo. Sin embargo, la SEQ insiste en descalificar su movimiento por no estar representado por un sindicato reconocido, lo que consideran un intento de desmovilización ante la falta de respuesta a su solicitud formal de diálogo.

“Esta disposición blinda legalmente la participación de los docentes en movimientos de protesta y huelga, al reconocer que la movilización social es un mecanismo legítimo de lucha por sus derechos”.

También dijeron estar amparados para continuar su movimiento por los artículos 6 y 9 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y el derecho de reunión con fines lícitos, “lo que respalda la manifestación de los docentes al tratarse de una protesta legítima contra condiciones que afectan su estabilidad laboral y su seguridad social”.

“Un paro o huelga no es abandono de trabajo, sino un ejercicio legítimo de derechos constitucionales. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, como el Convenio 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical, protegen a los trabajadores que participan en movimientos de protesta, impidiendo que sean sancionados bajo pretextos como ‘abandono de trabajo’”, agregan en defensa de su movimiento.

Agregan que la Constitución es la norma suprema del país y prevalece sobre cualquier ley secundaria, incluida la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que ninguna disposición puede ser aplicada en contravención de derechos fundamentales como la libertad de protesta.