TABASCO.- Durante la gestión de Narciso Oropeza Andrade como secretario de Movilidad, el número de empresas de grúas no sólo se triplicó, sino que también lo hizo de manera irregular, provocando que el servicio para algunas empresas mermara hasta un 70% en sus actividades, señalan agremiados de la Unión de grúas en el estado y en particular del municipio de Centro.

“Aquí ya son demasiadas las empresas que existen en el estado. Nosotros en su momento solicitamos aplicación de grúas, autorizaciones para que retenes se ubiquen en áreas más cercanas y se nos negaron. Sin embargo, otras empresas lo solicitaron y se los otorgaron sin tener en forma las normas necesarias”, señaló Héctor Leonardo Pérez López, de la Unión de Permisionarios de Grúas en el Estado y Municipio de Centro.

Denunció que durante los últimos tres años del Gobierno anterior el número de empresas creció de 15 a 42, la mayoría de ellas sin permiso, ya que no cuentan con estudios de factibilidad en el área técnica, además de que a varias empresas se les autorizó en fechas de veda electoral.

“El parque vehicular en el estado fue creciendo y se fueron autorizando otra empresa; llegamos a tener hasta 15 empresas. Hasta ahí íbamos bien. De tres años para acá, se incrementaron a 42 empresas (...) los hechos hablan por sí mismo, lo único que queremos es que esta administración haga su función de supervisarlas a todas”, puntualizó Pérez López.

De igual forma, afirmó que se les otorgaron permisos a empresas que sólo cuentan con 1 o 2 grúas para cubrir de 7 a 8 municipios, cuando la regla indica que cada municipio debería tener su propio corralón y una grúa por municipio, como lo indica el área técnica de movilidad.

Las consecuencias se reflejan en la reducción de hasta un 70% en las actividades, mismas que perjudican los bolsillos de los trabajadores.

Héctor Leonardo explica que en el rol de servicio que maneja Movilidad, cuando eran 15, trabajaban de una a dos veces por mes entre operativos, vehículos mal estacionados y accidentes. Actualmente las empresas trabajan cada mes y 15 días, mismo tiempo que se la pasan sin trabajar.

Esta situación no sólo afecta a los ‘grueros’, sino también a los usuarios. Las empresas de grúas irregulares no suelen ser confiables, ya que muchas veces los propietarios de una unidad que ha terminado en algún corralón, no encuentran su vehículo.

Hicieron un llamado a los diputados para legislar sobre la regulación de las tarifas, ya que su última modificación sucedió en 2019 y hasta la fecha no se han tomado en cuenta el aumento del salario, el alza de combustibles y los gastos administrativos.

Héctor Leobardo Pérez adelantó que próximamente buscará acercarse con el actual secretario de Movilidad para encontrar una solución a la problemática.