TABASCO. Habitantes del ejido 16 de Septiembre, en el municipio de Centro, acudieron este jueves al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, presidido por el magistrado Rafael Hernández Gómez, para exigir avances en el amparo 456/23, que busca obligar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a resarcir los daños ocasionados a su comunidad desde 2013. 

La comisión ejidal, encabezada por Lisandro Osorio Jiménez, comisionado general del ejido, fue informada que el proceso está estancado, pues el Juzgado de Distrito no ha remitido respuesta al Tribunal, por lo que planean acudir a esa instancia para revisar el estatus del expediente.

Con una población aproximada de 700 personas, 16 de Septiembre ha padecido los estragos de Pemex desde hace más de una década, por lo que los ejidatarios han demandado la nulidad de contratos de ocupación que Pemex mantiene con particulares, así como el reconocimiento de un contrato formal para la explotación petrolera, demostrando la pertenencia de sus tierras.

Aunque en primera instancia el Tribunal negó sus derechos, pese a la documentación presentada, dos amparos —uno administrativo y otro judicial— les dieron la razón.

“En los dos amparos son muy claros los términos del resolutivo. Le dicen al Tribunal que reconsidere la primera sentencia, toda vez que el ejido sí tiene el derecho y la razón”, aseveró María Luisa Frías Almeida, secretaria del comisionado general.

Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario ha desacatado estas órdenes, lo que llevó a los ejidatarios a acudir al Tribunal Superior Agrario para solicitar una nueva revisión y reponer los procedimientos.

Entre las afectaciones denunciadas están el deterioro de una carretera concesionada a Pemex, que la empresa se comprometió a mantener en buen estado hace nueve años, pero que hoy se encuentra “destruida”, según los habitantes, generando grandes polvaredas. 

También señalan la contaminación del aire por el encendido de “mechones” para limpiar pozos petroleros, como el Iridis 130, que produce gas y aceite en tres parcelas del ejido.

Además, acusan a Pemex de incumplir acuerdos establecidos en el juicio, como la colocación de una cerca perimetral alrededor de los pozos, la cual fue retirada sin autorización por órdenes de Agustín Díaz Lastra, identificado por los ejidatarios como el encargado de las obras.

Lisandro Osorio Giménez destacó las carencias que enfrenta la comunidad: “No conocemos el agua ni el drenaje. Dependemos de pipas para tener agua potable. Tenemos luz eléctrica porque muchos compañeros, con esfuerzo, la han instalado, pero no está en buenas condiciones. El centro de salud muchas veces no tiene medicinas, las escuelas están abandonadas y el camino es intransitable”. 

Por su parte, Frías Almeida señaló que han solicitado al Ayuntamiento apoyo para proyectos de obras públicas sin recibir respuesta, y enfatizó que no buscan dinero, sino obras sociales: “sabemos que en zonas de impacto petrolero, Pemex autoriza recursos para obras públicas. Actualmente, lo resolvemos con empresas asentadas en la zona”.

Pese a que un amparo previo obligó al Tribunal a reconocer el derecho del ejido a ser resarcido por los daños y a reparar las afectaciones solicitadas, el proceso sigue sin cumplirse. 

Este día, mientras los ejidatarios protestaban, las obras continuaban, lo que llevó a la advertencia de que podrían retener los equipos de la compañía encargada si no se detienen las acciones. 

La comisión anunció que de acuerdo con las instrucciones dadas por el propio Presidente del Tribunal Unitario Agrario, darán seguimiento al caso en el Juzgado de Distrito para destrabar el amparo 456/23, que determinará una nueva sentencia en favor o en contra de la comunidad.