TABASCO. La representante del Comité de los Derechos Humanos de Tabasco A.C (CODEHUTAB), Suilma Velázquez, manifestó que en la entidad la violencia familiar se encuentra a la alza y los casos de feminicidios se siguen dando de manera alarmante, tal es el caso de dos feminicidios suscitados el día 17 del presente mes, en la ranchería Estancia Vieja, Centro. 

Denunció que ante estos hechos, al parecer las autoridades estatales normalizan estos actos sin que los ocupe crear mecanismos que garanticen a las mujeres el respeto a la vida y a su integridad personal. 

El Semáforo Delictivo en Tabasco al corte del mes de octubre, manifiesta que en el mes de enero se registraron 611 casos, febrero 551, marzo 786, abril 670, mayo 752, junio 682, julio 649, agosto 556 y septiembre 605 casos.

Entre los municipios con alerta roja se encuentran: Centro con 850 casos que equivale a un 46 %; Macuspana 155 en un 8 % y Nacajuca con 115 casos un 6 %. 

En el caso de feminicidio, hasta el corte del mes de octubre, en lo que va del año van 14 casos y el municipio con alerta roja es Centro donde se ha registrado el 75 % de los casos. 

Por ello el Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C interpondrá una queja ante la Secretaría de la Función Pública por la falta de operatividad del Centro de Justicia para la Mujer.

CENTRO DE JUSTICIA A MEDIAS

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, inauguró un Centro de Justicia para las Mujeres, pero el inmueble no funciona y todavía no está terminado. 

Indicó que a 24 años de haberse proclamado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, en México y, de manera particular en Tabasco, “podemos decir que en la cotidianidad las mujeres mexicanas y tabasqueñas siguen viviendo en un sistema de patriarcado, en donde la violencia cada vez es más recurrente, y que la atención por parte del Estado para atender este grave flagelo es un mero discurso político, en donde, sin lugar a dudas, el próximo sábado 25 de noviembre las mujeres serán el centro del discurso del gobierno y de las instituciones creadas para garantizar el respeto a sus derechos humanos”. 

Recordó que el pasado 02 de marzo del presente año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), resolvió la solicitud de Alerta de Violencia de Género que el Codehutab le presentó el 22 de julio del año pasado.

En dicha resolución, la CONAVIM emitió 15 recomendaciones dirigidas al gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos. Dichas recomendaciones cuentan con términos específicos para su cumplimiento, pues algunas debieron ser cumplidas en un plazo de seis meses y, otras, en un plazo de entre uno y tres años. 

A la fecha ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida, a pesar de que la CONAVIM apercibió al gobernador que en caso de no cumplirlas se haría acreedor para que se decrete al Estado la Alerta de Violencia Género. 

Por otra parte, la CONAVIM, quien es el organismo responsable de dar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, se ha negado a convocar al Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM) para sesionar y dar seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno a las recomendaciones. Una de las recomendaciones es: que a más tardar en un término de seis meses el gobierno del estado deberá de contar con un centro de justicia para mujeres.

El plazo para el cumplimiento de esta recomendación se cumplió el pasado 9 de septiembre. Ante ello, el gobernador inauguró una obra en el mes de agosto sin estar terminada, la cual hasta la presente fecha aún no funciona. 

Otra recomendación es que en un plazo de dos años deberá construir un segundo centro, sin que hasta la fecha informe cual es el estado que guarda dicho proyecto.

Sin embargo, ante los medios de comunicación, la directora del IEM, Nelly Vargas, ha declarado que el gobierno del estado se encuentra analizando la posibilidad de construir un segundo centro, cuando no es un deseo de buena voluntad, sino una obligación que la CONAVIM le impuso en una de sus recomendaciones. 

“Es lamentable que el gobierno no asuma con responsabilidad las acciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y, en cambio, presuma y magnifique las acciones que realiza, no por voluntad propia, sino porque así se lo impuso un organismo federal”, puntualizó Suilma Velázquez.