TABASCO. Recién se estrenaba el nuevo Gobierno, cuando Tabasco vivió la primera oleada de violencia del sexenio. Corría el tercer día de octubre de 2024, y los reportes de asaltos, intento de quema de negocios, ponchallantas y autos incendiados encendieron las alarmas.
La comunicación de la nueva administración encabezada por el morenista Javier May Rodríguez se quedó sin reacción. Guardó silencio. Una semana después, el 10 de octubre, Villahermosa vivió una segunda andanada de hechos delictivos.
“Con operativos coordinados de fuerzas federales y estatales se mantiene el orden en Villahermosa y zonas aledañas del municipio de Centro, y continúan las acciones de autoridad para tranquilidad de la población y dar con los responsables de los hechos registrados”, transmitió, tibiamente, la administración para tratar de calmar la tensión de los tabasqueños.
Un día después, el 11 de octubre, el gobernador del estado por fin se decidió hablar del tema. Era apenas su segunda conferencia matutina. Afirmó que su gobierno “no está vinculado a la delincuencia” y juró, por primera vez en su mandato, “cero impunidad” ante los hechos delictivos.
Desde ese día a la fecha, hizo de esa apuesta la bandera del llamado Gobierno del Pueblo. Al menos un centenar de ocasiones, ha ofrecido desterrar la impunidad de la cuna de la Cuarta Transformación. Todo ha quedado en una promesa vacía.
En alrededor de 120 días de gestión, en Tabasco han ocurrido más de 350 asesinatos, de acuerdo con el reporte de homicidios dolosos que diariamente emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según datos de la página web del Gobierno del Estado, entre el 18 y 24 de octubre, se logró la detención de 43 personas vinculadas presuntamente al crimen organizado, además de 14 vehículos, drogas y armamento.
La reacción no se hizo esperar. La batalla que libran “La Barredora” y una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos grupos criminales que, según las propias autoridades han admitido, se disputan el control de la plaza, impactó en el incremento de homicidios, quemas de autos y comercios, asaltos y balaceras.
ACUSACIONES SIN DETENIDOS
“La Barredora”, según se presume tiene infiltrada la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras su presunto líder según deslizó el propio May Rodríguez es Hernández Bermúdez Requena, ex titular de la dependencia a quien tampoco se le ha girado orden de aprehensión o detenido por esta acusación.
En tanto la estructura criminal reiteradamente ha acusado al titular de la corporación, el general Víctor Hugo Chávez Martínez, de favorecer el ingreso al estado del CJNG. En decenas de narcomantas y videos circulados en redes sociales, ha exigido la renuncia del militar.
TRIMESTRE VIOLENTO
Todo sigue prácticamente igual. Octubre de 2024 concluyó caliente, luego de que en menos de 48 horas, entre los días 26 y 28, se confirmó el asesinato de cinco policías estatales. De ellos, cuatro fueron acribillados en un ataque armado en la colonia Indeco de Villahermosa. En casi cuatro meses del nuevo Gobierno, según reportes de la propia SSPC, al menos una veintena de agentes han perdido la vida a causa de la ola de violencia que golpea a la entidad.
Ante la matanza de agentes de seguridad pública estatal, Javier May garantizó castigo a los culpables y sí, prometió “cero impunidad”.
Noviembre sacudió nuevamente la conciencia colectiva. La masacre de 6 jóvenes y otros 10 más heridos, ocurrida en el antro DBar, quedó marcada como el acto más atroz del que se tenga memoria en el Tabasco contemporáneo.
El gobernador condenó el hecho, no sin antes ofrecer por enésima vez, “cero impunidad”. De los responsables, sólo se sabe la detención de un sujeto, aunque no se conoce su identidad ni tampoco el estatus del proceso. En “el respeto al debido proceso” se ha encontrado la justificación para no revelar detalles de las investigaciones. Únicamente se conoce de la participación de cinco sujetos en el crimen.
Diciembre también fue un mes violento. En el Centro de Reinserción Social en el Estado de Tabasco (CRESET) se registró la muerte de 7 reclusos. La versión oficial argumentó un motín que comenzó por el traslado de dos “generadores de violencia” a penales de máxima seguridad. La extraoficial, mantiene la versión del “cobro de cuotas” al interior del penal.
BAÑO DE SANGRE
Enero se ha convertido prácticamente en un “baño de sangre”. Entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, distintos disturbios sacudieron la tranquilidad de los tabasqueños. La noche del 4 de enero, otro ataque a un bar clandestino se registró en la colonia Tamulté de las Barrancas. Siete personas fueron asesinadas, sin que hasta la fecha haya detenciones.
El 6 de enero, en pleno Día de Reyes, las autoridades de seguridad fueron ridiculizadas. Un grupo criminal identificado con “El Señor del 88” repartió roscas y juguetes en una localidad del municipio de Macuspana. El jefe del Ejecutivo justificó que la población que recibió esos regalos fue “engañada”.
Entre todo este maremágnum, el único golpe que se conoce este año contra el crimen organizado es la captura de Carlos Tomas “N” (a) Tomasín, cabecilla de “La Barredora”, aunque su detención estuvo a cargo de fuerzas del estado de Puebla.
El también conocido bajo el alias de “El Lic” está ligado al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, de quien el propio gobernador ha insinuado es el líder de ese grupo criminal.
