TABASCO. La reciente entrada en vigor de la Ley Silla el pasado 17 de junio, diseñada para garantizar el derecho al descanso de los trabajadores que laboran de pie en México, ha puesto en evidencia las condiciones laborales en una conocida plaza comercial de Villahermosa.

Mediante un recorrido realizado por el equipo de Sintexto, se constató que a pesar de que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca proteger la salud de empleados en sectores como el comercio y los servicios, muchos trabajadores en esta ciudad aún no cuentan con sillas adecuadas ni descansos periódicos, enfrentándose a jornadas extenuantes que afectan su bienestar.

La Ley Silla, publicada el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y descansos regulares para evitar problemas de salud como dolores de espalda, fatiga muscular, várices y trastornos cardiovasculares. Dicha ley, sí es aplicada, pero no en todos los casos.

En la plaza comercial visitada este jueves, algunos negocios no cuentan con asientos suficientes, y en otros casos, los que están disponibles carecen de respaldo, incumpliendo las disposiciones legales. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores mexicanos laboran en promedio 43.7 horas semanales, y una encuesta de OCC revela que el 50% de quienes trabajan de pie reportan molestias físicas, mientras que el 45% no recibe apoyo para mitigar estos riesgos.

Aunque los empleadores tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para actualizar sus reglamentos internos y cumplir plenamente con la ley, los trabajadores de tiendas departamentales, supermercados y áreas de atención al cliente en Villahermosa, enfrentan condiciones que atentan contra su salud y dignidad. 

Cabe recordar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puede imponer multas de entre $27,142 y $271,425 pesos a los comercios que incumplan, y en casos de reincidencia, incluso suspender actividades. Los trabajadores afectados pueden presentar denuncias ante la STPS o las Juntas de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento de sus derechos.