Tabasco.- Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia contra la Ley del ISSET, el consejero jurídico del Gobierno de Tabasco, Jesús Manuel Argáez de los Santos informó que el Congreso de Tabasco tendrá que hacer las adecuaciones pertinentes, que garantice y proteja los derechos de los derechohabientes.

No obstante indicó que Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), mantiene el cuerpo jurídico y lo que se resolvió este martes fue todo lo que iba en contra de los derechos de los trabajadores.

Dijo que se está a la espera de la notificación oficial para tomar las medidas necesarias en términos económicos, en caso de que se contemple alguna afectación presupuestal para el Estado.

La resolución responde a las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley, reformada en 2015, lo que implica cambios importantes en varios artículos, destacó.

El consejero explicó que la SCJN invalidó ciertos preceptos de la ley al considerar que no cumplían con los principios de igualdad y justicia.

Recordó que de los artículos anulados destacan el que excluía a los trabajadores eventuales de acceder a los beneficios completos de la seguridad social, que los limitaban solo a recibir atención médica.

El funcionario estatal aseveró que, tras la decisión de la Corte, estos trabajadores deberán tener acceso a todos los servicios y prestaciones como el resto de los empleados.

Otro artículo anulado fue el octavo transitorio, que obligaba a los trabajadores sin derecho a pensión bajo la ley anterior a acogerse a las disposiciones de la nueva ley, lo que vulnera sus expectativas de derechos adquiridos.

La Corte ordenó que el Congreso de Tabasco legisle para garantizar que los empleados que cotizaron gran parte de su vida laboral bajo el régimen anterior mantengan sus derechos.

Además, el fallo invalidó las disposiciones que permitían a la Junta de Gobierno del ISSET desviar las cuotas y aportaciones de los trabajadores hacia fines distintos de los previstos inicialmente, y aquellas que impedían a los beneficiarios reclamar las pensiones caídas.

A pesar de estas anulaciones, Jesús Manuel Argáez de los Santos comentó que la SCJN dejó en firme el aumento del 8 al 16 por ciento en las aportaciones de los trabajadores y validó las diferencias de edad para la jubilación entre hombres y mujeres, considerándolas como acciones afirmativas a favor de las mujeres.

Dijo finalmente que el gobierno estatal será respetuoso del fallo de la Suprema Corte y de los derechos de los trabajadores, por lo que se tomarán las medidas necesarias para cumplir con las modificaciones que establezca el Congreso.

En ese sentido el mandatario estatal Javier May Rodríguez afirmó que acatarán dicho resolutivo del máximo órgano jurisdiccional del país, y la instrucción es de mejorar el servicio médico a los trabajadores al servicio del estado.