VERACRUZ. Un Juez de Veracruz absuelve al exgobernador priista, Javier Duarte por el delito de desaparición forzada con lo cual cada día se acerca más a salir de la cárcel por el delito de Lavado de Dinero.
Javier Duarte, libró un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de un policía estatal, sin embargo, quedan enterradas irregularidades en crímenes de personas arrojadas a la Barranca de La Aurora.
En audiencia virtual celebrada en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, a un año de cumplir su condena por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, el exmandatario estatal logró el sobreseimiento de dicho proceso en su contra.
Con este fallo judicial, Duarte de Ochoa podría salir del Reclusorio Norte de manera anticipada, pues, aunque su condena concluye en 2026, con el sobreseimiento del caso por desaparición forzada, podría obtener su libertad.
Javier Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, y dos meses después, el 17 de julio, fue extraditado a México.
Un juez de control en Pacho Viejo le dictó prisión preventiva justificada en noviembre de 2022 por el delito de desaparición forzada, vinculado al caso del policía David Lara Cruz, quien fue visto por última vez en enero de 2016, luego de asistir a una evaluación de Control de Confianza en la academia de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
El uniformado fue detenido y posteriormente desapareció, pero días después su cuerpo fue encontrado en la Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, donde se también fueron hallados los restos humanos de más de veinte personas.
La Fiscalía estatal acusó a funcionarios de la administración de Duarte de ocultar la existencia de más cuerpos en el sitio, pues de manera inicial se reportaron 22 cadáveres, cifra que después se redujo a 19, y finalmente a solo seis.
Tras la audiencia del viernes, la acusación presentada por la Fiscalía General contra Duarte de Ochoa quedó sin efecto.
Cabe mencionar que, por ley, el Ministerio Público tiene aún el derecho de recurrir por dicha decisión ante otras instancias legales, por lo que se está a la espera el pronunciamiento de autoridades ministeriales.