TABASCO. Por más de dos años, un menor de ocho años ha estado atrapado en un tortuoso proceso judicial que, lejos de protegerlo, ha profundizado su sufrimiento tras el presunto maltrato físico y verbal de su madre, Nasllely “N”.

En su primera entrevista exclusiva con Sintexto, el niño alza la voz para exigir justicia, mientras su padre, Juan Manuel González Rubio, denuncia públicamente a un sistema judicial que parece proteger a la agresora mediante conexiones políticas, amenazas y trabas procesales.

El expediente de este caso consta de más de 7 mil páginas y 40 amparos federales, pero expone las fisuras de un Poder Judicial que prioriza intereses externos sobre el bienestar de un menor que sólo pide vivir en paz con su progenitor.

LA VOZ VALIENTE

Estudiante de tercer año de primaria, el menor es un apasionado del pádel, el futbol, el golf y las películas de Misión Imposible. Sueña con ser portero como el argentino Emiliano “Dibu” Martínez; inventor, paracaidista, golfista, empresario y líder de las Naciones Unidas. También disfruta pintar y prefiere el pádel porque lo “mantiene más activo”.

Su infancia está marcada por el trauma. “Quiero que todos sepan la verdad de mi caso, de que los jueces y el Gobierno han estado actuando mal”, declara con firmeza, mientras jala sus dedos, un gesto que delata su ansiedad.

El menor relata que, desde los cuatro años, sufrió maltrato físico y verbal de su madre, sin entender la razón. “Mi mamá me maltrataba, me pegaba, amenazaba y me gritaba”, cuenta, recordando un golpe que le dejó un moretón en el ojo derecho y una amenaza de muerte.

Entre sus memorias imborrables está el día en que, a los seis años, policías llegaron a su escuela para llevarlo con su madre, desencadenando una persecución en la que él, su padre y su abogado escaparon en un coche. “Los de la escuela me querían entregar a ella”, acusa.

Otro episodio doloroso ocurrió tres días después de que su papá anunció el divorcio y vio cómo su madre le negó la entrada a la casa. Durante el año que vivió con ella, el menor sufrió maltrato constante y al reencontrarse con su padre, luego de varios amparos y cuatro meses después, llegó con cicatrices en los brazos y el moretón en el ojo.

“Mi papá me cuida, me protege y me defiende”, afirma, exigiendo: “Que me dejen en paz con mi papá, que mi mamá acepte todo lo que ha hecho y no trate de recuperarme, porque ya no quiero estar con ella”, exige.

El 2 de agosto de 2023, cuando logró quedarse con su progenitor, marcó un punto de inflexión. “Ahora me siento feliz, porque todos pueden saber la verdad”, dice. Sin embargo, denuncia que en el Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Tabasco, lo obligaron a juntarse con su madre, pese a su rechazo, una situación que asegura no pasaba con otros niños.

“Yo decía que no, y aún así me traían a mi mamá. Evitaba el contacto visual con ella”, relata. Su mensaje a otros niños es claro: “Sean fuertes y no se queden callados, porque así no van a ganar nada”.

El padre describe a su hijo como juguetón pero retraído mientras vivía con su la agresora, quien lo aislaba de otros niños. Desde que regresó con él, se ha vuelto más sociable. “Hoy habla, antes sólo señalaba con temor. Esta entrevista es su forma de sentirse libre y sin ansiedad”, asegura Juan Manuel.

PROCESO CON IRREGULARIDADES

El caso, que lleva más de dos años en curso, acumula 40 amparos federales debido a un proceso judicial plagado de trabas, falsedades y decisiones arbitrarias que han prolongado el sufrimiento del menor.

Juan Manuel acusa al Tribunal Superior de Justicia, presidido por Efraín Reséndez Bocanegra, de actuar con parcialidad y desestimar pruebas clave, además de que un peritaje psicológico de Liliana Reyes Everardo, presentado el 7 de noviembre de 2023, diagnosticó al menor con "síndrome del niño maltratado, enuresis nocturna, ansiedad y un fuerte vínculo con su padre", contrastado con rechazo hacia su madre y, pese a ello, el Poder Judicial insiste en no proceder penalmente contra ella.

En el expediente se documenta que Nasllely fue diagnosticada como paciente psiquiátrica en el Hospital de Pemex, donde trabajaba, sin constancia de alta. “Cuando la juez le preguntó, ella lo negó. Presentamos el expediente, pero los jueces locales se han negado a reconocer el peligro que representa para mi hijo”, denuncia Juan Manuel. En contraste, los jueces federales han dictaminado que existe un “peligro constante” para el menor al convivir con su madre.

Las trabas procesales han sido constantes. Nasllely, según el padre, ha utilizado falsedades, como recetas médicas falsificadas, para impedir que Juan Manuel viera a su hijo. Mientras las denuncias de Nasllely son atendidas con celeridad, las presentadas por Juan Manuel permanecen estancadas, evidenciando un trato desigual.

“Miles de niños en el estado son sacrificados por este sistema corrupto. Los amparos son costosos, y las autoridades apuestan a que uno no se defienda, pero mi hijo es mi motor, y jamás doblaré las manos”, afirma, tocándose el pecho.

Entre las irregularidades destacan las actuaciones y las repercusiones para cuatro jueces locales que intervinieron:

• Lorena Denis Trinidad, ahora magistrada de circuito tras las elecciones judiciales, desechó fotografías que evidenciaban el maltrato al menor, violando sus derechos, según un amparo federal. Ella ordenó el traslado injustificado del caso a Comalcalco, pese a que los hechos ocurrieron en Villahermosa, sin explicación alguna.
• Francisco Javier Rodríguez, magistrado de la Segunda Sala Civil, otorgó ilegalmente la guarda y custodia a la madre, ignorando indicios de violencia. Un amparo federal señaló que su decisión fue errónea y puso al menor en riesgo.
• Cristina Amezquita, quien en marzo de 2024 concedió la guarda y custodia al padre tras el rechazo del menor a convivir con su madre, asegurando: “No recibo instrucciones de nadie, aquí se hará lo que beneficie al niño”. Sin embargo, dos días después fue trasladada a Tenosique, un municipio alejado, en un movimiento que Juan Manuel considera retaliativo, de castigo por no subordinarse.
• Martha Eugenia Orozco Jiménez, del Juzgado Segundo Familiar de Centro, señalada por parcialidad en un caso previo de pensión alimenticia, fue promovida a magistrada tras las elecciones judiciales (con los famosos acordeones).



El traslado del caso a Comalcalco, ordenado por la fiscal Rocío Madrid, titular de la Fiscalía Especializada en Protección de los Menores y el magistrado Francisco Javier Rodríguez, careció de justificación, ya que todos los hechos ocurrieron en Villahermosa. Juan Manuel solicitó la revisión de la carpeta al nuevo fiscal, pero no ha recibido respuesta.

El Poder Judicial Federal ha señalado al Consejo de la Judicatura, liderado por Reséndez, por no realizar su trabajo correctamente y perjudicar al menor. “Es el propio Reséndez quien está empeñado en quitarme a mi hijo”, denuncia González Rubio, quien ha recurrido a cinco abogados para enfrentar el caso, mientras Nasllely ha contratado cinco despachos privados, lo que según él, refleja su respaldo económico.

CONEXIONES POLÍTICAS Y AMENAZAS

Las trabas judiciales se entrelazan con las conexiones políticas, todas con un común denominador, lo que podría considerarse el "Grupo Comalcalco" que hoy gobierna Tabasco. Nasllely “N”, médica de profesión, trabajó en ese Ayuntamiento entre 2007 y 2009, cuando el actual gobernador Javier May Rodríguez, era alcalde por primera vez de dicho municipio.

Tras la llegada de May a la Gubernatura en octubre de 2024, Nasllely asumió un cargo como jefa de área en el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), dirigido por Claudia Magaña Lugo --también de ese municipio--, quien obtuvo la patria potestad de sus hijos en un fallo dictado por la jueza Martha Eugenia Orozco.

Juan Manuel critica al IEM, afirmando que, bajo un discurso feminista, “protege a un grupo selecto” y fomenta prácticas que “falsean información” para beneficiar a ciertas mujeres, incluida su ex esposa Nasllely.

En 2020, cuando May era secretario de Bienestar a nivel nacional, Nasllely le pidió “un favor muy grande” para que Pemex pagara una deuda a una empresa que a su vez le debía a la empresa de Juan Manuel. En menos de 24 horas, logró una cita con Marcos Manuel Herrería Alamina, Director Corporativo de Administración y Servicios en Pemex y cercano al gobernador y a Octavio Romero Oropeza, junto a quien tras su paso por PEMEX ahora se desempeña en el INFONAVIT como secretario general y Jurídico

“Me quedé sorprendido, cómo ella le pide un favor y se lo da. Si ahora está pidiendo el mismo apoyo, lo que sé es que está en el IEM”, afirma él, sugiriendo que estas conexiones han influido en el proceso.

La situación se agravó con Efraín Reséndez como presidente del Tribunal Superior de Justicia, asegura González Rubio, quien relata que Reséndez lo citó en su oficina y lo amenazó directamente: “Te vamos a quitar a tu hijo con un solo amparo, y eso ya vendrá avalado por el Poder Judicial cuando lleguen mis jueces en septiembre”.

Esta intimidación le plantea preguntas inquietantes: “¿Qué hace el presidente del Tribunal defendiendo a una madre agresora? ¿Cuál es su interés? ¿Está vendido o sigue instrucciones? ¿De quién y por qué?”. Reséndez, en entrevistas públicas, ha pedido no litigar en medios, pero Juan Manuel González replica: “No estamos litigando, estamos mostrando que el Tribunal no hace su trabajo. Quieren que nos quedemos callados en lo oscurito, pero callar no es una opción”.

LUCHA POR LA JUSTICIA

El afectado describe su matrimonio de casi ocho años como agotado por los celos de Nasllely, negando la existencia de terceros. Su motivación es proteger a su hijo. “La verdad siempre sale a la luz”, declara, instando a otros padres: “Defiendan a sus hijos, porque si uno los abandona, nadie más velará por ellos”. Advierte que forzar a menores a convivir con sus agresores puede llevar a consecuencias extremas, como el suicidio.

El caso refleja un sistema judicial donde la opacidad, el costo de los amparos y la parcialidad crean una lucha desigual. “Los pobres son los que sufren más, porque las autoridades abusan de quienes no pueden defenderse”, lamenta. Tocándose el pecho, recuerda las palabras de su hijo: “Papá, no permitas que ningún otro niño pase por lo que yo he pasado”. Callar, asegura, sería convertirse en cómplice.

La voz de este menor, valiente en su primera entrevista tras más de dos años de lucha judicial, no sólo expone su dolor, sino que desnuda un sistema donde conexiones políticas, amenazas y trabas procesales perpetúan el sufrimiento de un niño que clama justicia y vivir sin miedo, en completa paz y tranquilidad.