El ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz aseguró que es profundamente alarmante lo que está ocurriendo en la Secretaría de Educación con la imposición de una carta compromiso de un denominado Código de Ética a los maestros del estado.
Explicó que esta acción pasando por encima de sindicatos, sin consulta previa, transparencia o diálogo, no solo es ilegal, sino que también representa un grave retroceso en los derechos laborales de los maestros, por lo que hizo un llamado a las autoridades educativas a suspender inmediatamente esta medida y establecer un diálogo público y transparente con los docentes y sus representantes sindicales.
Recordó que el pasado 31 de marzo, la directora de Educación Primaria de la Setab, Lorena Isabel López Torres, giró instrucciones a jefes de sector y enlaces para que entregaran a todas las escuelas de educación primaria una carta compromiso para ser firmada y sellada con huella dactilar por cada docente, a más tardar el 7 de abril.
Este documento -explicó- obliga a los maestros a acatar los principios contenidos en un Código de Ética desconocido, no difundido y presuntamente originado desde 2019, pero nunca aplicado ni consensuado con la base trabajadora.
Andrade Díaz advirtió que la imposición de un Código de Ética a los docentes sin negociación sindical viola la Ley Federal del Trabajo y los derechos laborales y humanos. Esta acción -abundó- socava la libertad sindical, el principio de legalidad y la certeza jurídica, y sugiere un uso político del control administrativo. El alto costo político de esta medida, planteó, reaviva la desconfianza del magisterio y pone en riesgo la estabilidad laboral de los docentes.
El también ex diputado local, aseguró que la imposición del gobierno sobre el magisterio, que dijo, es, similar a otras decisiones unilaterales, como las restricciones alimentarias en escuelas, evidencia un patrón de gobernanza autoritaria y vertical que prioriza el control absoluto sobre la legalidad, pedagogía y derechos de las comunidades escolares, y puede resultar en movilizaciones, acciones legales y ruptura de la colaboración entre autoridades y maestros.