QUINTANA ROO. Protegidos ahora por nuevos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, el llamado "Cártel del Despojo" está operando nuevamente en la entidad para robar terrenos y propiedades valuadas en millones de dólares sin importar que las víctimas demuestren ser legítimos dueños.

Esta red de corrupción ha logrado apropiarse de al menos 8 propiedades a la orilla del de mar, en el corazón de la zona hotelera, por su alta plusvalía.

El modo en que operan es a través de prestanombres y sociedades para que con ayuda de funcionarios puedan modificar expedientes y registros de propiedades, además de manipular la ley a conveniencia y utilizar personal y fuerza policial para cometer sus fechorías.

Federico Paterniti, un empresario italiano naturalizado mexicano, adquirió con todos los ahorros de su vida una propiedad en la playa y construyó su casa, al ser el sueño de su vida, sin imaginar que 24 años después viviría la peor pesadilla, perder todo por abusos de un grupo funcionarios corruptos, evidenciando un sistema de justicia corrompido y una red de delincuentes de cuello blanco.

Narró que fue cuestión de horas para que perdiera su patrimonio y su único hogar, hasta el día de hoy lleva más de seis meses peleando legalmente para recuperar su predio, pero sin avanzar por la podredumbre del sistema judicial en Tulum que opera a favor del llamado “Cártel del Despojo” por intereses millonarios.

Altos funcionarios serían los que manipulan la ley para despojar a los legítimos propietarios de terrenos valuados en millones de dólares.

En el Poder Judicial en Tulum Octavio sería quien da órdenes a sus subalternos para obstruir la ejecución de la justicia, mientras que en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo habrían Fiscales y Ministerios Públicos involucrados que en próximos días saldrán a relucir los nombres.

Fue el pasado 6 de junio de este año, cuando el empresario estaba en su predio costero “Las Olas” en la zona hotelera de Tulum y de repente escuchó ruidos de gritos y sonidos de gente que golpeaba y derribaba puertas y todo a su paso para que en cuestión de minutos fuera literalmente expulsado violentamente de lo que él llamaba su hogar, lugar donde por más 24 años construyó su patrimonio.

Con apoyo de policías de Cancún, supuestos actuarios y 7 personas más, su propiedad fue asegurada y cercada con postes de madera y malla, sin que ninguna de las autoridades presentes demostrara documentos que les permitiera realizar tal acción.

A pesar de demostrar ser el legítimo dueño, no ha podido recuperar su propiedad, pues en el Poder Judicial y de funcionarios de la Fiscalía General del Estado protegen a esta red delincuencial.

En una audiencia de principios de diciembre, un Juez de Control calificó de ilegal el actuar de la fiscalía, que violó la jurisprudencia 2027713 al no solicitar autorización judicial para el aseguramiento. Lo anterior porque, todo aseguramiento, inmovilización registral o catastral de un bien inmueble debe contar con la autorización de un juez de control. Esto significa que el Ministerio Público no puede actuar de manera unilateral para asegurar un bien sin la validación previa de un órgano judicial competente.

Aunque ante estas irregularidades, se ordenó la restitución inmediata del inmueble, fijando como fecha límite el viernes 6 de diciembre a las 17:00 horas en el lugar del predio. No obstante, la fiscalía incumplió reiteradamente, argumentando excusas carentes de lógica como la supuesta no localización del predio.

Este desacato llevó al juez a imponer medidas drásticas. El pasado 9 de diciembre el Juez de Control del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, determinó medidas contundentes ante el incumplimiento de una orden judicial, del Ministerio Público del Fuero Común. Entre las medidas se encuentran como multas de hasta mil unidades de medida y la notificación a la Fiscalía Anticorrupción para investigar las irregularidades del fiscal José Luis Pimienta Salvador.

Además, se instruyó que el 10 de diciembre a las 10:00 a.m., las partes procesales, incluido el fiscal Pimienta Salvador, se reúnan en las instalaciones de la Fiscalía en Tulum y procedan directamente al predio para garantizar la restitución del inmueble. Se notificó tanto al Fiscal de Distrito Zona Norte como al Fiscal de Distrito Zona Centro para que supervisen el cumplimiento estricto de la orden. 

De nueva cuenta no se presentaron, por lo que el juez requirió la presencia personal del fiscal y las partes involucradas para realizar la diligencia de restitución de manera inmediata, el día 12 de diciembre a las 13:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía, donde tendría que presentarse la fuerza pública.

Por irreal que pareciera, las instancias no se presentaron, el afectado tuvo que acudir a las instalaciones de la policía para preguntar porque no fueron a cumplir con el mandato judicial de presentarse en las oficinas de la fiscalía y acompañarlo a la restitución del predio, pero solo mencionaron que al parecer había un amparo, sin mostrar documento alguno.

Durante los últimos 10 días del mes de diciembre, han sido incontables las arbitrariedades que se han presentado en este caso, muestra de los intereses de funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía que lejos de acatar una instrucción judicial han vulnerado el Estado de Derecho de manera flagrante.

El caso de Paterniti es solo la punta del iceberg y es la muestra que el denominado “Cártel del Despojo” sigue operando con impunidad, porque se tuvo conocimiento que al menos siete propiedades en la exclusiva zona hotelera de Tulum han sido arrebatadas de sus propietarios, valiéndose de prestanombres, falsificación de registros y el respaldo de funcionarios públicos. El nombre de un funcionario del Poder Judicial llamado "Octavio" fue señalado en las diversas acciones para impedir la restitución del predio en cuestión, como uno de los operadores de estos despojos.

Dentro de los predios despojados se encuentran Posada Margherita, Posada La Mar, La Eufemia, El Tavano, Chile Tulum y otros mas

Mientras Federico Paterniti sigue esperando justicia, su historia pone en evidencia un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos, opera en favor de intereses económicos. 

Es cuestión de días para que se revelen más nombres de los funcionarios corruptos y más actos ilegales.