CHIAPAS. El secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aseguró que está coadyuvando en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) y afirmó que hasta el momento, no se ha retirado a ningún personal de “El Ámate”.
Tras las evidencias de los delitos de pederastia cometidos dentro del Centro de Reinserción Social número 14 “El Ámate”, relacionados con la muerte de Yudiel Flores Tovar, conocido como el ‘Coyote Consentido’ y uno de los principales distribuidores de pornografía infantil en el mundo.
“Por lo pronto sigue trabajando. Hay una investigación en curso que no quiero comentar para no afectar el proceso. El director del penal, Dalmacio Becerril Tapia, sigue en el cargo hasta que no se demuestre lo contrario o hasta que alguna autoridad ministerial ordene lo contrario”, afirmó.
Asimismo, explicó que en el penal hay un total de 90 elementos, entre custodios y administrativos, con quienes han reforzado la seguridad y realizado algunas modificaciones internas, ya que aseguró que “fueron muchos años de abandono”.
Posteriormente, Aparicio Avendaño evidenció los operativos realizados en la Frailesca y en la zona norte de Chiapas, como en el municipio de Yajalón, donde se detuvieron a 4 personas con órdenes de aprehensión por homicidio, 3 detenidos con armas cortas, armas largas, equipos tácticos balísticos y 5 vehículos con reporte de robo de reciente modelo, asegurando que continuará trabajando por la paz en Chiapas.
Asimismo, detuvieron a 10 masculinos, con presunto cristal en el municipio de Tapachula. En estas acciones preventivas y disuasivas, se aplicó control preventivo de detención a los mexicanos José “N”, Luis “N”, Obed “N”, Jonathan “N”, Felipe “N”, Nahum “N” y Fernando “N”, así como a los hondureños, Glenis “N”, Marvin “N” y Antony “N”.
A los detenidos se les decomisaron 50 bolsitas de nylon transparente, conteniendo material solido granulado con las características de la droga conocida como cristal.
Por estos hallazgos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el posible delito contra la salud.
