CDMX. Con un respaldo unánime de los 127 senadores presentes durante la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2025, la Cámara de Senadores aprobó en lo general una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta iniciativa busca poner fin al nepotismo electoral y eliminar la reelección en aquellos cargos públicos donde aún está permitida, marcando un cambio significativo en las reglas del juego político.
El dictamen, que ya había sido avalado en comisiones, establece que figuras como senadores y diputados, tanto a nivel federal como local, no podrán postularse nuevamente al mismo puesto una vez concluido su periodo.
Además, se prohíbe que familiares cercanos de quienes ocupen un cargo público participen como candidatos a esa misma posición.
Entre los requisitos destaca que no podrán contender quienes tengan vínculos de matrimonio, concubinato o pareja en los tres años previos a la elección, ni aquellos con parentesco de consanguinidad, colateral hasta el cuarto grado, o afinidad hasta el segundo grado con el titular del cargo.
Tras intensos debates y con 97 votos a favor frente a 26 en contra en los artículos reservados, la reforma también obliga a quienes estén en estas circunstancias, a esperar al menos un periodo electoral completo antes de buscar cualquier candidatura. Una vez aprobada en el Senado, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y votación definitiva.
Un punto que generó controversia fue la modificación propuesta por los senadores Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello, quienes lograron aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta el año 2030, en lugar de 2027 como se planteaba originalmente.
Esto desató críticas de la oposición hacia legisladores como Félix Salgado Macedonio, Raúl Monreal y Ruth Miriam González, señalados por posibles intenciones de competir por gubernaturas ligadas a sus familias en 2027. Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, rechazó estas acusaciones y afirmó no tener interés en postularse.
Con esta decisión, el Senado busca cerrar la puerta a prácticas que han generado polémica en el sistema político mexicano, aunque su implementación aún deberá esperar cinco años para hacerse efectiva.
