Una reciente reforma aprobada por la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas en el sector salud de México. La iniciativa elimina el candado financiero que obligaba a destinar al menos el 8% del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), antes conocido como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a pagar tratamientos de alta especialidad para enfermedades costosas y letales.

Hasta el 25 de noviembre, este fondo representaba un soporte crucial para miles de familias, cubriendo tratamientos vitales para padecimientos como cáncer (infantil y adulto), VIH/SIDA, enfermedades raras, infartos y cuidados intensivos neonatales, gastos que de otra manera podrían significar la ruina económica para los hogares.

La reforma suprime la obligatoriedad de reservar dicho porcentaje para la atención médica directa, lo que permite que los recursos sean reasignados a la Tesorería de la Federación bajo criterios discrecionales.

El impacto más significativo de esta medida, según expertos y voces de la oposición, es el riesgo inminente de desabasto y desatención para pacientes con enfermedades graves. Al quitar la etiqueta de protección al dinero, los recursos ahora podrán utilizarse para un abanico más amplio de rubros considerados "gasto corriente" y de infraestructura, como nóminas, papelería, servicios básicos, mantenimiento de hospitales e infraestructura médica.

Se advierte que mezclar el presupuesto de atención a enfermedades graves con el gasto operativo de los hospitales "desvirtúa el propósito original del fondo". Existe el temor de que, ante la presión por cubrir gastos administrativos o de infraestructura, el dinero ya no esté disponible para medicamentos oncológicos, cirugías complejas o cualquier tratamiento vital de alto costo.

La eliminación de esta garantía financiera abre la puerta a que miles de pacientes queden desprotegidos. Sin la certeza de estos recursos etiquetados, el acceso a tratamientos vitales dependerá de la disponibilidad presupuestal anual y de decisiones discrecionales, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención y, en muchos casos, la vida de las personas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir.