TABASCO. Ingrid amaba viajar y por eso decidió estudiar Administración de Empresas Turísticas. A sus 25 años, era una mujer feliz y sociable. Tenía una maestría en la Universidad de Puebla y todo un futuro por delante. Un domingo, el 9 de febrero de 2020, fue asesinada brutalmente por su pareja, en la Ciudad de México.

El feminicidio sacudió la conciencia colectiva y generó indignación en todo el país, no sólo por la saña, sino por la difusión de imágenes periciales del cuerpo desnudo y mutilado de la víctima. Los responsables de filtrar a medios de comunicación y redes sociales las fotografías que revictimizaron a la joven poblana fueron los propios policías que llegaron, como primeros respondientes, a la escena del crimen.

Este atroz asesinato dio origen, en febrero de 2021 en la capital del país, a la “Ley Ingrid”, que busca “sancionar penalmente a servidores públicos que de forma indebida difundan fotografías, videos, información reservada o documentos del escenario de un delito o algún hallazgo relacionado con algún procedimiento penal”.

Este conjunto de reformas al Código Penal, que Tabasco también hizo suyas en abril de 2022, pretende además poner un freno a esa “puerta giratoria”, a esa perversión ejercida y legitimada desde el mismo sistema penal. 

En el contexto de violencia que vive nuestro estado, juzgadores y defensores jurídicos coinciden en afirmar que la filtración de fotografías de las víctimas o incluso de los presuntos homicidas o delincuentes es una práctica que sigue vigente. Ahora, acusan los denunciantes, “es usada para violentar el debido proceso y abrir resquicios para la liberación de los probables criminales”.

¿CHIVOS EXPIATORIOS?

Para Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), “las filtraciones de imágenes de los detenidos violentan el principio de presunción de inocencia, una garantía reconocida en la Constitución, y eso, en términos jurídicos, otorga elementos para exigir la libertad del imputado”.

“Una persona procesada puede obtener su libertad por dos formas: porque prueba su inocencia o porque, aun siendo culpable, demuestra que hubo violación al debido proceso”, explica.

Con Rodríguez León coincide Sergio Antonio Reyes Ramos, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, quien abunda sobre la cadena de irregularidades en que incurren no sólo los policías que hacen la detención o que llegan primero a la escena del crimen, sino también la Fiscalía General del Estado al publicar en sus portales de internet las imágenes de los implicados en un hecho delictivo.

“Le ponen una leyendita que dice: se respetan sus derechos, y les tapan los ojos a veces con una rayita, pero evidentemente todos los demás rasgos allí están”, señala.

Reyes Ramos ejemplifica que también ha trascendido que algunos de los detenidos que han sido presentados “como generadores de violencia hoy”, en realidad son personas que fueron capturadas por otros ilícitos desde meses atrás.

“Si bien les dictan prisión oficiosa, terminan siendo liberados porque el delito que cometieron 6 o 7 meses atrás, no tiene nada qué ver con los nuevos hechos que se les están imputando; es decir, no sirven ni como chivos expiatorios, ya que la autoridad judicial tiene que resolver conforme a lo que hay en el expediente y si en éste resulta que no tiene nada que ver con los hechos, pues está viciado todo el proceso”, apunta.

‘SI LA CABEZA ESTÁ MAL, TODO ESTÁ MAL’

Efraín Rodríguez alerta los riesgos que la impunidad propicia para los propios policías que participan en las detenciones. No por nada, advierte, en Tabasco hay el registro de 17 agentes de seguridad pública asesinados en lo que va de 2024.

“Revelar, inclusive, también la identidad de los policías y dejar en libertad a los delincuentes que capturan por meros tecnicismos, es una perversidad que pone en riesgo la vida de los llamados guardianes del orden”, sentencia.

El asesor jurídico del Codehutab deduce que detrás de la filtración de fotografías, en el caso particular de personas involucradas en hechos de violencia, es una villanía que contiene toda la intención de favorecer al delincuente en su defensa.

Ese es un ‘modus operandi’ que, desde su muy particular punto de vista, es tolerado por los mismos mandos de la corporación policial. “¿Por qué? Porque en la misma Secretaría de Seguridad se sabe quiénes son los sujetos que tienen contacto con los detenidos, no hay que descubrir el hilo negro, es una cuestión de voluntad”, asevera.

Efraín Rodríguez y Sergio Antonio Reyes sostienen la urgencia de reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en todos sus niveles.

“Desafortunadamente con la llegada del nuevo gobierno no se dio esa depuración y el mejor ejemplo es que el titular de la SSPC, en vez de ser destituido por los malos resultados que ha dado desde su llegada al mando, fue ratificado y si empiezan mal desde la cabeza, pues no debe extrañar entonces la falta de resultados”.