Ciudad de México. – Un grupo de exalumnos de la licenciatura en Derecho de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se manifestaron este miércoles frente a Palacio Nacional para denunciar una grave crisis administrativa que les impide ejercer su profesión: la falta de registro de su historial académico, certificados y títulos ante la Dirección General de Profesiones.

Las Universidades para el Bienestar, creadas en 2019 como un proyecto insignia del gobierno anterior para ampliar la educación superior gratuita, han sido señaladas por sus egresados de tener serias fallas operativas que hoy obstaculizan su incorporación al mercado laboral formal.

Evangelina Silva, egresada de la generación 2019-2023, expresó su frustración y sensación de engaño. "Creímos y hoy no tenemos ni siquiera el título; es una farsa", afirmó Silva, quien acudió a la protesta junto a compañeros de distintas generaciones de la sede Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el problema, que atribuyen a la gestión de Raquel Sosa Elizaga, directora general del organismo coordinador. Aseguran que, a pesar de las promesas de atención, no han obtenido soluciones concretas.

Daniel González, otro de los egresados, solicitó un acercamiento directo con la nueva administración federal, buscando una reunión con el secretario de Educación, Mario Delgado, e incluso con la presidenta Sheinbaum, "para que nos garanticen la entrega de nuestros títulos y obtener certeza jurídica sobre su futuro profesional".

La falta de la documentación oficial ha orillado a los profesionistas a aceptar empleos por debajo de su formación, como lo relata Roberto Flores, egresado de 2023, quien actualmente trabaja en un "Call center". Muchos de sus compañeros laboran como choferes, auxiliares administrativos o en puestos eventuales, sin posibilidad de aspirar a mejores salarios o desarrollo profesional.

La situación se ha complicado aún más con el reciente cierre del campus del Centro Histórico y el traslado de actividades a sedes en Texcoco, Estado de México, dificultando el seguimiento de los trámites pendientes para los egresados afectados. Documentos presentados por los exalumnos muestran que, ante la falta de respuesta de las autoridades, algunos incluso han recurrido a promover amparos para intentar obtener su cédula profesional por la vía legal.