CAMPECHE. El Delegado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Sergio Pérez Barrera, expresó su preocupación por la reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que según los empresarios, pone en riesgo más de 2 billones de pesos destinados a los trabajadores.

Pérez Barrera, destacó que la reforma permitiría al Gobierno Federal manejar estos recursos “a su antojo”, lo que podría generar pérdidas económicas significativas y perjudicar el derecho a la vivienda de los trabajadores.

Dijo que, los empresarios temen que la falta de una administración adecuada del INFONAVIT, particularmente bajo la gestión del actual titular, quien, según señaló, dejó deudas en diversas empresas de la región de Carmen, podría resultar en una mala gestión de los fondos destinados a la vivienda.

“El Gobierno no es el mejor administrador de estos recursos, nunca ha sido empresario. Existe el riesgo de que se pierda dinero sin que los trabajadores logren acceder a su derecho a la vivienda”.

Subrayó que la reforma podría terminar favoreciendo un sistema de manejo centralizado que no garantice la transparencia y el uso eficiente de los recursos.

Una de las principales preocupaciones de los empresarios de Campeche es que la reforma propone que la construcción de las viviendas se realice a través de una empresa filial del INFONAVIT, lo que genera aún más incertidumbre sobre el destino de los fondos.

Pérez Barrera señaló que esta medida podría poner en peligro la integridad de los fideicomisos destinados a la vivienda, algo que ya ha ocurrido con otros fondos federales en administraciones pasadas.

Ante este panorama, los empresarios han solicitado que se realice un análisis exhaustivo de la reforma, con el fin de garantizar que los recursos sean manejados con la debida transparencia y que se priorice el bienestar de los trabajadores.

La Canacintra de Campeche instó al Gobierno Federal a tomar en cuenta las preocupaciones del sector privado antes de proceder con la implementación total de la reforma, para evitar posibles consecuencias negativas para la economía local y los derechos de los trabajadores.