QUINTANA ROO. La Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) informó que el gobierno de México accedió a posponer seis meses la aplicación del cobro de 42 dólares por concepto de Derecho de No Residente (DNR) a los turistas de cruceros que visiten México. Sin embargo, se mantiene la amenaza de las navieras a retirar sus cruceros de los puertos mexicanos cuando apliquen la medida

La medida fue aprobada por el poder Legislativo como parte de la Ley de Derechos 2025 para aplicar a partir del 1 de enero próximo, pero la medida se aplazó para comenzar a aplicar hasta junio del año entrante, según lo dado a conocer en un comunicado por la FCCA la tarde de este 8 de diciembre.

Sin embargo, en su extenso posicionamiento, el organismo representante de las navieras estadounidenses refiere que la postergación del cobro no elimina los riesgos previamente expuestos de cancelación de rutas e inversiones hacia México:

“La FCCA advierte que imponer tal carga a los turistas de cruceros con un tiempo mínimo de estancia real en México disuadirá a los visitantes, alterará los itinerarios de los cruceros y creará efectos económicos en cadena en las comunidades que dependen en gran medida del turismo de cruceros.

Subrayan que aún con los seis meses de prórroga para la aplicación del pago, “el impacto de este impuesto en los destinos turísticos mexicanos será desastroso”.

Incluso citan lo señalado por la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (AMEPACT) en el sentido de que cuando se implemente el cobro, “esperamos una disminución progresiva en las llegadas, lo que afectará significativamente el empleo de taxistas, guías turísticos, artesanos, meseros, restauranteros, dueños de tiendas de artesanías, farmacias y más. También perjudicará a los proveedores artesanales de regiones como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y Sinaloa quienes respaldan a los puertos donde arriban los cruceros”.

Aunque Michele Paige, directora de la FCCA, reconoce y agradece en el documento al gobierno mexicano por conceder un plazo de seis meses, también le recrimina que no se haya consultado previamente con los representantes de la industria una medida de esta naturaleza, pues hasta antes de conocerse este nuevo cobro “la industria buscaba hacer crecer los negocios en México, y ahora ocurrirá lo contrario”.

Concluyen el documento con lo que parece una velada amenaza al extender sus agradecimientos “a los muchos otros socios de destino que tenemos en toda América Central y el Caribe que ya se han acercado a nuestras líneas miembro, invitándolas a reubicar itinerarios a sus jurisdicciones con los brazos abiertos”.