Villahermosa, Tabasco.- El estado de Tabasco ha iniciado el año 2026 bajo una creciente preocupación social ante el incremento de hechos de violencia contra mujeres, que en tan solo 13 días ha registrado cuatro muertes violentas y un intento de agresión, obligando a la Fiscalía a modificar el tipo penal en busca de reducir la presión de organizaciones que piden a las autoridades actuar contra estas prácticas.

La escalada de violencia se manifiesta con los siguientes casos reportados: El 1 de enero, una mujer fue hallada sin vida con impactos de bala en la carretera Nacajuca–Jalpa de Méndez. Al día siguiente, el 2 de enero, en Jonuta, se encontró el cuerpo de otra mujer en un barranco, maniatada, embolsada y con huellas de tortura.

La violencia continuó el 11 de enero, cuando se notificó la ejecución de una mujer en el municipio de Macuspana. Finalmente, el 12 de enero, otra mujer fue asesinada a balazos en la carretera principal de la colonia Cocohital, Comalcalco.

A estos hechos se suma la agresión contra una mujer de la tercera edad ocurrido el 7 de enero en la Iglesia San Juan Bautista de Villahermosa, cuyo presunto agresor fue identificado y detenido gracias a las cámaras de seguridad.

Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) emitió un comunicado para informar sobre el seguimiento a la muerte de Alejandra “N”, ocurrida el pasado 12 de enero en Comalcalco.

La FGET precisó que, si bien aplicó el Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Feminicidio, el análisis pericial, ministerial y de campo realizado hasta el momento determinó que "no se actualizó ninguna de las hipótesis por razones de género previstas en el Artículo 115 Bis del Código Penal vigente en el Estado".

Por ello, la Fiscalía ha decidido reclasificar la investigación bajo el delito de Homicidio Calificado, asegurando que continuará con el acopio de pruebas para el total esclarecimiento del "lamentable hecho" y reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad.

La situación ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones del gobierno estatal para proteger a las mujeres, y sobre cuántas víctimas más tendrán que registrarse antes de que se implementen medidas firmes y efectivas.