Ciudad de México. – Una reciente iniciativa presentada por el diputado morenista Armando Corona Arvizu propone endurecer las sanciones por la creación y difusión no autorizada de imágenes, videos, audios o representaciones digitales, incluyendo memes y stickers, generados con tecnologías de edición o Inteligencia Artificial (IA). Si bien la propuesta busca proteger la identidad e imagen personal de todos los ciudadanos, un análisis de la misma sugiere que los políticos y servidores públicos podrían ser los principales beneficiarios de esta nueva legislación.

La iniciativa, que busca adicionar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, establece penas de tres a seis años de prisión y multas para quienes utilicen sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad. Sin embargo, el artículo 211 Bis 9, en su segunda fracción, especifica que las sanciones se aumentarán en una mitad cuando "la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones".

Esta cláusula eleva la protección legal para los funcionarios públicos, sugiriendo que el legislador considera que estos individuos son particularmente susceptibles a los efectos negativos de la manipulación de contenido digital. En un entorno político cada vez más permeado por la comunicación digital y la sátira, la iniciativa podría interpretarse como un intento de salvaguardar la imagen y la reputación de los políticos frente a críticas o burlas que, si bien a menudo se amparan en la libertad de expresión, ahora podrían acarrear consecuencias legales más severas.

El diputado Corona Arvizu argumentó que "cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas". Aseguró que la reforma no busca limitar la libertad de expresión, sino "poner un alto al abuso, establecer un equilibrio entre el derecho a expresarse y el derecho a no ser vulnerado en la esfera personal y social".

No obstante, la inclusión explícita de "servidor público en ejercicio de sus funciones" como un agravante para las sanciones, ha generado debate sobre el verdadero alcance de la propuesta y si, en la práctica, terminará beneficiando principalmente a la clase política al ofrecerles un escudo legal más robusto contra la violencia digital, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público y viralización de contenido.