CAMPECHE. La diputada Delma Rabelo Cuevas solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Campeche una investigación sobre un presunto desfalco en el Instituto Electoral del Estado (IEEC). Recordó que desde 2021 se indagan posibles actos de corrupción de la ex presidenta Mayra Fabiola B.G. y otros ex consejeros.
También denunció el uso indebido de la imagen de una persona para desviar fondos en el proceso electoral, lo que generó exhortos fiscales del SAT.
Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso Local Pedro Armentia López, reconoció que la presentación de una nueva denuncia por desvío de recursos en el IEEC pone en tela de juicio los resultados de la próxima elección de jueces y magistrados.
Expuso que, si bien no está en riesgo el desarrollo de la elección de los jueces y magistrados de este 2025, si existe el riesgo de que no haya legitimidad en los resultados electorales, ya que no hay bases suficientes para creer en los ganadores al poder manejar el Precel a conveniencia.
Lamentó que al interior del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Campeche ha habido mucho ‘mañoseo’ desde años atrás, debido a que ha habido una serie de cambios tanto en su organización, así como en la presidencia, lo que deja la duda de si existe un manejo adecuado del IEEC.
Recordó que el IEEC afronta problemáticas no solo de corrupción, sino de organización e incluso financieras, lo que ha dejado al borde del colapso al organismo electoral, ya que afronta procesos de embargo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Precisó que con el presupuesto de egresos que el Poder Legislativo aprobó erogar al IEEC se podría comenzar a sanear sus cuentas, e incluso cumplir en tiempo y forma con los pagos hacia los partidos políticos a quienes tiene que hacer la entrega de sus prerrogativas para operar.
Refirió que en el caso de los partidos políticos que demandan que les entreguen las prerrogativas que les corresponden, este es un derecho que poseen todas las agrupaciones políticas que están plenamente reconocidas, por lo que el OPLE deberá de entregar los recursos a cada instituto según sea el caso.