CHIAPAS. Personal de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Cintalapa comenzó este lunes un paro laboral indefinido. La protesta responde a los recortes salariales y de prestaciones derivados de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial Federal.

El representante del Comité de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, Aldo Reyes Marroquín, explicó que los ajustes presupuestales implementados por el Consejo de la Judicatura Federal afectan directamente los ingresos de 890 empleados en Chiapas. Según detalló, los recortes oscilan entre 2,400 y 4,100 pesos mensuales, dependiendo del rango salarial.

Además, la aportación patronal al Seguro de Separación Individualizado y al Fondo de Reserva se redujo del 10 por ciento al dos por ciento, y no se otorgaron bonos adicionales ni recursos para el Seguro de Gastos Médicos Mayores.

“La reforma prometió no perjudicar a los trabajadores, pero ahora enfrentamos un daño económico grave. Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que intervenga y garantice nuestros derechos laborales”, declaró Reyes Marroquín.

Los empleados exigen atención inmediata a sus demandas y advierten que el paro continuará de manera indefinida si no se les brinda una solución.

Para el ejercicio fiscal 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufrió una reducción de 7 mil millones de pesos en comparación con 2024, medida aprobada por el Congreso de la Unión. Como consecuencia, el Consejo de la Judicatura Federal implementó ajustes presupuestales que impactan directamente los salarios y prestaciones del personal:

En el rango más bajo, la reducción salarial es de 2,400 pesos mensuales.

En el rango intermedio, de 3,600 pesos mensuales.

En el rango más alto, de 4,100 pesos mensuales.

Adicionalmente, la aportación patronal al Seguro de Separación Individualizado y al Fondo de Reserva Individualizado se redujo del 10% al 2%, lo cual se reflejará a partir de la segunda quincena de enero. Además, no se contempló el pago del tercer bono de asignaciones adicionales correspondiente al mes de noviembre de 2024, ni el recurso para el Seguro de Gastos Médicos Mayores.

En Chiapas, la medida afecta a 24 órganos de los Tribunales Federales y Juzgados del Vigésimo Circuito, que emplean aproximadamente a 890 personas.

La base trabajadora se manifiesta enérgicamente contra estas medidas, haciendo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga y garantice las prestaciones laborales. “En repetidas ocasiones se aseguró que la reforma al Poder Judicial Federal no afectaría a los trabajadores, pero ahora enfrentamos un daño económico significativo”, señaló Reyes Marroquín.

Agregó que la situación afecta gravemente las condiciones generales de trabajo pactadas hasta 2026, especialmente en los sectores más vulnerables, al eliminar aportaciones esenciales como el seguro de separación individualizado y el fondo de reserva para personal operativo.

Finalmente, exhortó a las autoridades a atender sus demandas de manera inmediata. “De lo contrario, la suspensión total de labores continuará hasta que nuestras peticiones sean escuchadas”, concluyó, reafirmando el respaldo de la base trabajadora del Vigésimo Circuito en Chiapas.