CHIAPAS. Continúan las denuncias de los migrantes que los retenes que existen en Tapachula y otras partes de la entidad, solo se dedican a realizar negocios con migrantes que vienen de otros países de forma irregular, personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) solo simula la atención, si no pagan por obtener un espacio en autobuses con destino a Tuxtla Gutiérrez, son simplemente abandonados a su suerte.
Un migrante, denunció que los agentes de Migración de México cobran entre 300 y 500 pesos mexicanos (17 a 28 dólares) a cada migrante procedente de Cuba y Venezuela que pasa por cada uno de los 15 retenes que hay entre Tapachula (Chiapas) y Oaxaca. "Es una estafa. En México no hay ley para los migrantes. ¿Cómo va uno a pagar más de 400 dólares para llegar a otro estado?”, lamentó.
Una familia de migrantes originarias de Venezuela denunciaron que en los retenes de Tapachula las autoridades son corruptas y los despojan de los pocos recursos con los que salen de su país, para usarlos en comida y transporte.
Una madre y sus tres hijas fueron víctimas de robo en un retén de la Fiscalía General de la República (FGR), localizado sobre la carretera federal número 200 Tonalá -Arriaga.
De acuerdo con la versión de las personas afectadas, al pasar por este retén fueron detenidas por los elementos de la FGR y despojadas de sus pertenencias y la cantidad de 800 pesos.
Según la declaración, fue una mujer quien revisó a las mujeres y les arrebató sus celulares para revisar las conversaciones de cada dispositivo.
Las afectadas siguieron su camino para llegar a la cabecera municipal de Arriaga, donde se comunicaron con sus familiares para informarles de lo sucedido y pedirles recursos para seguir avanzando.
El Instituto Nacional de Migración, lejos de procesar y dar permisos de estancia regular a cientos de extranjeros, a personas provenientes de distintos países, esto se suman los puntos de inspección, que en varios sectores de la región Soconusco sólo son un muladar y hasta abandonados están por agentes migratorios.
Se trata de un gasto millonario en utensilios, conos, carpas, baños móviles, boyas, señalamientos y demás que se van a la basura, cuando ese recurso podría canalizarse para atención integral de los solicitantes, que ahora atraviesan por una crisis acentuada por las lluvias al permanecer en calles y sitios públicos.
Los migrantes denunciaron que esta estrategia de puntos de inspección que sólo están de adorno, son responsabilidad directa del titular del Inami, Francisco Garduño, y el director de estaciones migratorias en el país, Héctor Castuera, quienes en contubernio con Antonio Vidal Islas, director general de control y verificación, amasan fortunas con negocios en los que supuestamente están o los cuicos en la renta de todo el mobiliario, ya que se afirma son empresas de ellos mismos las que operan la dotación de lo que se utiliza para montar estos retenes.
Los afectados que buscan desesperadamente permisos de libre tránsito por México, acusaron que algunos puntos de inspección están abandonados y no brindan atención a migrantes, ya que se acercan aquellos que no cuentan con recursos para pagar por permisos y espacios en los camiones.
Ante toda la corrupción del Inami, exigieron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se haga una limpieza al inicio de su mandato y no se deje en el cargo a los mismos funcionarios que han hecho de este instituto un sitio de negocios turbios con la delincuencia organizada.
