La Cancillería Mexicana rechazó tajantemente la iniciativa de Ley SB4, aprobada el pasado martes 14 de noviembre por el Congreso de Texas, ya que «pretender detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales».

La iniciativa SB4 llevaba muchos años de querer promulgarse en el Congreso de Texas, pero finalmente el gobernador de ese estado, Greg Abbot logró que se aprobara con un legislativo de mayoría republicana. La SB4 crea el delito estatal de «entrada no autorizada» y faculta a la policía a detener a migrantes y a los jueces locales para expulsarlos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que estas leyes afectarán «los derechos humanos de 10 millones de mexicanos» residentes en aquel estado, además de «propiciar ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio».

Las 11 representaciones consulares de Texas han sido instruidas para responder «a cualquier violación por parte de las autoridades y apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos».