Ciudad de México. Tras una investigación de cinco años, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que no existen rastros bancarios ni registros que vinculen el dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y David León, con un posible financiamiento ilegal al partido Morena entre 2015 y 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, presidida por Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, verificó la trazabilidad financiera, analizó documentación, soportes y registros contables, e incluso consideró peritajes técnicos al material audiovisual. Sin embargo, no se obtuvo el grado suficiente para acreditar la conducta denunciada.

"No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado", reconoció Humphrey.

La investigación incluyó solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Morena, empresas vinculadas con David León y los involucrados. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no respondió a la solicitud, lo que, según el consejero Jaime Rivera, representó un obstáculo para profundizar en ciertas líneas de investigación.

Por su parte, la consejera Dania Ravel informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) entregó el expediente de su averiguación previa, donde determinó el no ejercicio de la acción penal y, mediante peritajes, desvirtuó la autenticidad de los videos difundidos en 2020, argumentando posibles alteraciones.

Ante la falta de elementos probatorios y la conclusión de la Fisel, el INE no encontró bases para proceder con el procedimiento especial sancionador contra Pío López Obrador, David León y Morena. "Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. El caso que nos ocupa ahora es uno de ellos", sentenció Rivera.

El INE dio vista al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México debido a la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a entregar información.