CHIAPAS. Ante la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que haya servicios de aborto voluntario en Chiapas, se espera que el Congreso local atienda la no criminalización y el acceso a servicios de forma universal, gratuita y digna, sin embargo, la Iglesia Católica mexicana fijó su postura en contra de la interrupción legal del embarazo.

En la entidad, la polémica se centra en el Artículo 181 del Código Penal local, por considerar que, al no permitir la interrupción del embarazo de forma voluntaria, la norma invalidada era lesiva de los derechos reproductivos de las mujeres.

En el caso de Chiapas, las organizaciones feministas señalan que el Congreso debe revisar el Artículo 181, garantizando los derechos humanos como el derecho a decidir, a la autonomía, a la salud, a la libertad reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la igualdad, a la privacidad y la prohibición de discriminación.

En rueda de prensa, la Red Aborta Libre Chiapas anunció la Acción de Inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia que ordena al Congreso local reformar los artículos que prohíben el aborto voluntario en Chiapas.

Esta acción fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitud de las organizaciones civiles. El Congreso local tiene un tiempo máximo no mayor al siguiente periodo de sesiones para despenalizar el aborto en el estado.

“Este logro que hemos tenido en colectivo es el resultado de más de 40 años de lucha incansable de mujeres, personas con capacidad de gestar y compañeros aliados que han alzado su voz. Reconocemos y abrazamos a todas nuestras compañeras de organizaciones chiapanecas que han luchado en territorio para que esto sea posible”, manifestaron.

Mientras que en la Ciudad de México se pretende eliminar por completo la protección legal de la vida en gestación, tema al que respondió la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al considerar que esta iniciativa, mediante la reforma del Código Penal, “abandona a las mujeres a decisiones que pueden marcar dramáticamente sus vidas”.

Además de señalar que la Iglesia católica mexicana está en contra de estas modificaciones legales, la CEM reitera que, si prosperara el dictamen, “se eliminaría el límite actual de las doce semanas de gestación”. Además, “abriría la puerta a la terminación del embarazo en cualquier momento”.

De igual manera, subrayan que la reforma “pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres al crear la falsa percepción de que el aborto es seguro y es la única opción ante un embarazo en circunstancias difíciles”.

La CEM se pronunció por acompañar a las mujeres, con especial atención a aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, brindándoles alternativas reales y apoyo concreto.