Van por ex mandos de la Beneficencia 

Abel Barajas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 03-Mar-2025 .-La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la acción penal contra ex funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ejecutivos financieros por una presunta compra ilegal de certificados bursátiles por 600 millones de pesos con recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP).

De acuerdo con documentos judiciales, la FGR pidió una audiencia para imputar y solicitar la vinculación a proceso del ex director general del organismo, Leonardo Alfonso Verduzco Ávila, y de Ernesto Gustavo O´Farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica Casa de Bolsa.

En la misma causa penal, la Fiscalía pretende que sean procesados Exécatl Gutiérrez Ramírez, ex director de Administración y Finanzas, así como Mauricio Trigueros Ramírez y Sergio de Alba Zamudio, apoderado legal y ex director Jurídico de Bursamétrica, respectivamente.

Además, Manuel Arturo Mollevi Palacios y Roberto Guzmán García, quienes aparentemente desempeñan los cargos de vocal y director general de la casa de bolsa, así como Rocío Ángeles González.

Se pretende procesar a los ex servidores públicos por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, mientras que a los ejecutivos financieros por violación a la Ley de Instituciones de Crédito, según la carpeta de investigación a la que REFORMA tuvo acceso.

Autoridades judiciales informaron que los imputados fueron citados a una audiencia inicial que se celebraría antes de la Navidad y que presidiría la juez de control Alejandra Domínguez Santos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Sin embargo, la diligencia fue pospuesta y está por fijarse una nueva fecha.

Este es uno de los primeros expedientes que judicializa la FGR, desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, contra funcionarios del sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

La imputación refiere que a principios del sexenio pasado funcionarios de la Beneficencia Pública supuestamente autorizaron invertir poco más de 600 millones de pesos en certificados bursátiles de riesgo.

Según la Fiscalía, los entonces funcionarios violaron la regla que les prohíbe invertir recursos públicos en la bolsa, a menos que se trate de valores gubernamentales.