Salvado el obstáculo que representaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último obstáculo que le faltaba a Morena para tomar el control de los tres poderes. México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular, tras la decisión del pleno de Ministros de descartar las acciones de inconstitucionalidad y la propuesta de reducir el número de cargos que se elegirán de manera directa.

Con esta decisión se cierra un capítulo de la división de poderes y se rompe también el bloque de ocho ministros que se oponían a las decisiones impulsadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de mayoría morenista tras las pasadas elecciones de julio pasado.

El proyecto que se analizó en la Corte, fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, planteaba que solo se votaran a los jueces de última instancia -ministros de la Corte y magistrados de Tribunales Colegiados—, y en lo que compete a jueces de distrito y magistrados de circuito continuará su ascenso por la vía de la carrera judicial, método que desde al menos 30 años valoraba la formación del personal de este poder.

En la propuesta también se establecía que los estados del país son libres y soberanos en cuanto a la forma en que designarán a sus poderes, en cambio con el rechazo deberán atender lo que marca la reforma judicial.

El proyecto del ministro Alcántara explicaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad.

El proyecto indicaba que la independencia del Poder Judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en garantías básicas que Morena suprimió de la Constitución entre estos: la inamovilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.

Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes llegaron a esos cargos impulsadas por Morena en el sexenio anterior, afirmaban que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que las enmiendas no pueden ser revertidas por el máximo Tribunal, esta premisa fue acompañada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien aseguró que no se puede revisar el contenido de las reformas constitucionales mediante el recurso promovido por la oposición.

Aunque admitió las implicaciones que tenía apoyar esta postura expresó que conocía lo que a continuación sucederá, “no estoy, de ninguna manera, ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada, principalmente en el ámbito público de la seguridad jurídica, en el tema de la división de poderes y en los principios de la independencia judicial”, a lo que añadió que con ello las consecuencias que de lo mismo derivarán “las que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que, con su ejecución, verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa".

Con este respaldo inédito, que sumó cuatro votos contra siete, el Pleno desechó el recurso de la oposición.

Era la última vía para lograr rebatir la reforma hace apenas unos días el Congreso de la Unión aprobó una reforma de inimpugnabilidad que pone a la Constitución por encima de cualquier otra revisión de otro poder.

La oposición acusó que finalmente el gobierno logró romper con el bloque de ministros y de alguna forma condicionó al ministro Pérez Dayán.

Por primera vez en su historia México elegirá a cerca de mil 700 jueces a nivel federal en todo el país, en dos elecciones una primera fase en 2025 y otra en 2027.

Corresponderá a la población designar entre miles de candidatos a los que consideren idóneos para todas las materias que son competencia de los tribunales, de justicia en lo familiar a los que sancionan en materia de telecomunicaciones, penal, administrativo, civil o mercantil.

Sigue el INE

Salvado el dique que impedía concretar la organización de la elección ahora corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), concretarla, un resquicio que pone en riesgo la credibilidad de la institución pues el presupuesto que solicitan de 13 mil 205 millones de pesos ha sido rechazado por la Presidenta Claudia Sheinbaum quien señala que se puede hacer con menos.