CHIAPAS.La embajada de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para prevenir nuevos cruces ilegales y reducir la actividad ilícita en la frontera entre México y Estados Unidos. La medida consiste en expulsar a los migrantes lejos de la zona fronteriza y se aplicará por primera vez al enviar a todos los repatriados a Chiapas, en la frontera sur de México.

“Al expulsar a los migrantes y repatriarlos lejos de la región fronteriza, se previenen nuevos intentos de cruce ilegal, se reduce la actividad ilícita transfronteriza y se permite a nuestras fuerzas del orden aprovechar todos los recursos para evitar que criminales y contrabando peligroso entren en nuestro país y comunidades”, destaca.

La embajada de Estados Unidos en México detalló que esta estrategia, aplicada por primera vez, busca alejar a los migrantes de la región fronteriza norte, dificultando su retorno inmediato y, por ende, desalentando nuevos cruces ilegales. Sin embargo, esta práctica ha generado controversia debido a las implicaciones logísticas y humanitarias que conlleva el traslado de deportados a una región distante de sus lugares de origen.

El documento agrega que el gobierno estadunidense está utilizando todos los recursos federales y estatales para garantizar que las personas que entraron a su país sin documentos sean arrestados, procesados cuando sea necesario “y expulsados lejos de la frontera entre Estados Unidos y México”.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como el Centro de Dignificación Humana (CDH) entre otras, han expresado su preocupación por el bienestar de las personas deportadas, ya que enfrentan desafíos significativos al ser retornadas a una zona lejana, lo que complica su reintegración y aumenta su vulnerabilidad. Además, esta política podría sobrecargar los recursos y servicios disponibles en Chiapas, una entidad que ya enfrenta retos en materia migratoria debido a su ubicación geográfica.

Esta medida se enmarca en las acciones del gobierno estadounidense para reforzar el control migratorio y responde a las amenazas previas de implementar deportaciones masivas de migrantes. Ante este panorama, el gobierno mexicano ha intensificado sus preparativos y estrategias legales y humanitarias para enfrentar las posibles repercusiones de estas políticas en su territorio.

La situación actual plantea desafíos tanto para las autoridades mexicanas como para las comunidades receptoras en el sur del país, que deberán adaptarse a este nuevo flujo de personas deportadas y garantizar condiciones adecuadas para su retorno y reintegración.