Érika Hernández

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO-La empresa Bell-Krom, que incumplió al Instituto Nacional Electoral (INE) con la entrega de 25 mil 302 chamarras para capacitadores, mostró irregularidades desde el inicio, pero el organismo le permitió continuar.

Desde repartir la producción de prendas en ocho pequeños talleres de los que no demostró ser propietario y mentir sobre el número de máquinas, hasta producir sólo 25 prendas diarias de las 408 necesarias para cumplir el contrato.

Además, fue la empresa más costosa, pues cobró 18 millones de pesos, cuando la competidora más barata cotizó en 8 millones.

Pese a las anomalías, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, intercedió para que no le rescindieran el contrato; sin embargo, consejeros y funcionarios presionaron para que se cumpliera la norma.

La chamarra era clave para los 50 mil capacitadores y supervisores que recorren el país en busca de los funcionarios de casilla para la elección del 2 de junio.

Tanto en la convocatoria como en la licitación, se estableció que había una prohibición para transferir a terceros los servicios.

"El proveedor no podrá subcontratar parcial o totalmente los servicios solicitados. Haciendo énfasis de que queda prohibida la subcontratación de personal", estableció el INE.

De acuerdo con los reportes de la Dirección de Capacitación, se realizaron 25 visitadas de supervisión, y no se pudo constatar que los ocho talleres eran propiedad de Bell; incluso, se relató en los informes, algunos trabajadores desconocían a la empresa.

Entre las anomalías que se detectaron desde un inicio están: el proveedor informó antes de firmar el contrato que contaba con 85 máquinas distribuidas en cinco sitios, pero prometió llegar a las 300, lo que nunca sucedió.

Para cumplir con la entrega el 2 de marzo, la empresa debía producir 408 chamarras diarias en 62 días, pero en ese lapso produjo en promedio 25, pues al final sólo entregó mil 606.

Por ejemplo, en un taller de Villa del Carbón había sólo 13 máquinas de coser con 10 personas, quienes informaron que en dos días realizaron 237 piezas, pero sólo la parte de la espalda de la chamarra, es decir, ni siquiera piezas completas.

La empresa pidió al INE no visitar el taller ubicado en Tamaulipas 15 Bis, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, pero la autoridad sí lo hizo, y detectó que sólo tenía seis máquinas, y el personal desconocía qué tipo de producción realizarían.

Debido a las preguntas que realizaban los supervisores, Bell le exigió al INE que a las visitas sólo acudieran tres funcionarios.

"Las visitas han sido invasivas y esto generó presión entre las y los trabajadores, lo que llevó a la reubicación de un taller", se indica en uno de los informes del INE, lo que generó más dudas sobre si Bell era el propietario.

De los ocho talleres, los cuales eran modestos, cinco están en el Estado de México --en los municipios de Villas del Carbón, Nicolás Romero, Almoloya del Río, Ocoyoacac y Chicoloapan--.

Dos en la Ciudad de México --en la Alcaldía Azcapotzalco y en la Gustavo A. Madero--, y una más en Chignautla, Puebla.

Un indicio más de que la empresa no cumpliría fue que el 23 de febrero, 7 días antes de cumplirse el plazo, le entregó al INE 4 mil playeras, mientras fabricaba las chamarras.

Esa licitación se realizó también para mochilas y gorras, y para esos tres servicios se inscribieron 11 empresas. Quedaron Bell-Krom, GCS Imagen Empresarial e IQ Orgullo de Pertenencia. Todas ellas con los precios más altos.

Sin embargo, esas empresas compitieron entre sí por los tres servicios; al final cada una se quedó con un trabajo.

Bell con las 25 mil 302 chamarras, por 18 millones 90 mil pesos; Imagen con 27 mil mochilas, por 8 millones 785 mil pesos, y Orgullo con 27 mil gorras, por 4 millones 640 mil pesos.

Para que los capacitadores cuenten con chamarras en la segunda etapa y el día de la elección, el INE decidió comprar prendas ya hechas y colocarles el logotipo. Sin embargo, esto no ha podido cumplirse, porque una vez rescindido el contrato deben esperar 20 días para una adjudicación directa.

El 6 de marzo, en una reunión con consejeros de la Comisión de Capacitación, de manera inusual se incorporó la presidenta del INE para pedir que no se le rescindiera el contrato. Sin embargo, afirman funcionarios, el consejero Martín Faz y la directora de Capacitación insistieron en la necesidad de castigar a la compañía.

Hace unos días, cuando le preguntaron sobre las anomalías de la empresa, la defendió nuevamente.

"No son empresas hechizas, administrativamente tienen toda la documentación en regla. Hoy, claro que ya se rescindió el contrato, claro que hay una investigación para ver si hubo alguna negligencia por parte de las áreas", dijo.