El Centro de Estudios y Análisis sobre América Latina (Casla) ha lanzado una curiosa y alarmante denuncia: las autoridades venezolanas estarían llevando a cabo una operación de "engorde de rehenes políticos" debido a la "flaqueza extrema" de los excarcelados.

La denuncia, hecha pública por Tamara Sujú, directora de Casla, pone en entredicho las cifras de 400 excarcelados que asegura el Gobierno, sugiriendo un posible "gato por liebre", donde podrían incluirse "presos comunes" o "militares del régimen".

Lo más llamativo, y a la vez preocupante, de la supuesta "operación de engorde" es que evidencia las graves condiciones de reclusión. Los presos, al ser liberados con medidas cautelares (como la prohibición de hablar o salir del país), no recuperan totalmente su libertad, y su estado físico —la "flaqueza extrema"— es tan notorio que las autoridades intentarían "mejorar" su aspecto antes de la excarcelación.

Según Casla y otras ONG, la situación de los presos políticos "tiene que ser un escándalo mundial", con la revelación de que 18 mil personas tienen procesos judiciales abiertos y sufren "muchas limitaciones" de alimentación e higiene, además de "castigo permanente y tortura emocional", como relató el padre de una presa hispano-venezolana.