CHIAPAS. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y el grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, realizaron dos diligencias de cateo por delitos contra la salud, en el municipio de Tonalá. Así como la detención de 98 policías municipales que están calidad de presentados y son investigados por la FGE.
Las diligencias fueron signadas por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, con la finalidad de realizar la búsqueda y localización de sustancias ilícitas en los inmuebles autorizados.
En el primer domicilio, ubicado en la calle Francisco Villa, se aseguraron tres armas cortas (calibre 99 mm, calibre .22 mm y .38 mm); un chaleco táctico; 72 bolsitas con marihuana; una tabla con agarradera; dos motocicletas y 13 poncha llantas.
Mientras que, en el segundo inmueble, no se realizaron aseguramientos ni detenciones, sin embargo, ambos lugares quedaron preservados, para que las autoridades continúen con las investigaciones conducentes.
Los aseguramientos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, para que sea quien determine lo conducente, conforme a derecho.
Por otra parte, a través de un operativo institucional de verificación de armamento y de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tonalá, realizaron la detención de 98 elementos policiales.
Los elementos fueron detenidos en flagrancia, toda vez que no pudieron acreditar la función de policía, a través de alguna credencial o documento que los acredite como tal, por lo que, las detenciones se realizan por el ilícito de usurpación de funciones públicas y los que resulten, cometido en agravio de la sociedad.
Asimismo, hay tres elementos detenidos a quienes se les encontró armas de fuego, dos de ellos están sujetos a investigación debido a que, en la revisión del equipo celular personal, se logró advertir que tenían comunicación para alertar a grupos de la delincuencia sobre la presencia de retenes.
El representante social ha iniciado los actos de investigación correspondientes, activando los protocolos de investigación del delito, en donde un grupo multidisciplinario se encuentra obteniendo datos de prueba que acrediten la participación de los imputados en el hecho que se les atribuye, a fin de determinar su situación jurídica.
