CHIAPAS. Desplazados de Santa Martha Chenalhó arribaron al Palacio de Gobierno para exigir a la autoridad pronta atención a las más de 200 personas entre niños, mujeres y hombres que por falta de garantías de seguridad no han podido retornar a su comunidad. Amenazan con plantón indefinido de no ser atendidos.

Con mantas exigieron al gobierno de no fabricarles delitos “a los desplazados”, que se aplique todo el peso de la ley a los grupos armados por la violencia en sus comunidades.

Javier Ruiz Pérez, recordó que en el año 2022 personas armadas llegaron a las comunidades, donde quemaron viviendas, desalojaron a los habitantes, “mataron a mi papá por no involucrarse a desalojar personas”.

Dijo que los grupos armados obligan a la gente a participar con ellos y si no aceptan los ejecutan y les queman sus viviendas, “las mismas autoridades, el presidente municipal y comisariados ejidales están involucrados y nos obligan a que nos sumemos a ellos y nosotros no queremos, queremos vivir de forma honesta”.

Asimismo, comento que hay muchas mujeres y niños que se encuentran desaparecidos por orden del ayuntamiento de Chenalhó. Ellos salieron huyendo a la comunidad de Polhó a 20 km. De la cabecera municipal de Chenalhó un total de 250 personas y ahí instalaron sus campamentos y por ello solicitan al gobierno estatal su apoyo.

Por su parte la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Roblero García, informó que más de 30 comunidades en los ocho municipios de la región fronteriza entre Chiapas y Guatemala enfrentan una crisis humanitaria debido a desplazamientos forzados, en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico en los últimos meses.

Destacó la dificultad de precisar el número exacto de desaparecidos, pero resaltó que ha mantenido contacto con decenas de familias afectadas en municipios como Chicomuselo, Bella Vista y Frontera Comalapa. La situación, según la directora, es especialmente compleja en esta región que ha sido golpeada duramente por el narcotráfico.

De acuerdo con cifras oficiales, de las mil 394 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, mil 86 denuncias provienen de Chiapas. Aunque el estado no figura entre los que reportan más casos a nivel nacional, la creciente violencia vinculada a la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) preocupa a activistas y defensores de derechos humanos.