CAMPECHE. Los despidos de policías que participaron en la huelga de este año siguen en aumento, sumando más de 140 elementos despedidos y 100 elementos más están en proceso para firmar su renuncia.

Se dio a conocer que dos empleados de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que apoyaron la manifestación pacífica de policías en marzo de este año fueron dados de baja por órdenes de la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez.

Entre los oficiales despedidos y obligados a firmar su “renuncia voluntaria” se encuentra el licenciado Santiago Román Chulín Noh, certificado por C3 de México y quien se desempeñaba como psicólogo en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5) de Campeche, adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

De igual manera, Rutilio Jiménez Madrigal, director del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), negó el respaldar a sus subordinados e incluso les recomendó evitar cualquier denuncia en contra de la Secretaría, para evitar algún tipo de represalias por parte de Muñoz Martínez.

Sin embargo, ambos empleados fueron cesados y se les negó la liquidación que por años de servicio les correspondía.

En total, ya son 145 bajas registradas desde el mes de julio cuando terminó la protesta en contra de Marcela Muñoz y sus mandos por haber sido expuestos a un operativo en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Por otro lado, se tiene conocimiento que al menos otros cien policías continúan bajo proceso administrativo.

De igual manera se dio a conocer Arturo Bravo Muñoz, hijo de Marcela Muñoz Martínez y recién nombrado vicefiscal general, y otros altos mandos presentarán nuevamente los exámenes de control y confianza que no pudieron aprobar en el año 2022 y que por ley les impide ocupar los cargos que desempeñan.

Los exámenes serán presentados a finales de noviembre del presente año o en enero del 2025 pero con ciertos beneficios que le garantizarían aprobar las evaluaciones.

La Evaluación de Control de Confianza es un proceso y requisito estricto en el que las y los aspirantes e integrantes de Seguridad Pública se someten a exámenes periódicamente para contar con servidores públicos confiables, competentes, con vocación de servicio y alejados de la corrupción.