Abel Barajas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 13-Apr-2024 .-Arturo Zaldívar tuvo tres operadores para presionar a jueces, asignar síndicos que indujeran el curso de litigios de quiebras millonarias e imponer estrategias indebidas a defensores públicos federales, según la investigación iniciada por el Consejo de la Judicatura Federal por presuntos hechos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación.

Se trata de Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF y hoy jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECM), y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Las acusaciones son parte de la investigación J/108/2024, iniciada por una denuncia anónima recibida el pasado martes por el CJF, contra los principales colaboradores de Zaldívar en su gestión de 2019 a 2022.

Zaldívar es el único que por el momento no es indagado, ya que el CJF no tiene atribuciones para sancionarlo, razón por la que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia por lo hechos que en lo particular le imputan. 

Conforme a la denuncia, el Ministro y sus principales colaboradores vulneraron la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, para satisfacer los intereses de terceros o los del propio Zaldívar, quien estaba "confabulado" con Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico de la Presidencia.

"Exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente Rivera Gaxiola y Asociados o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo", refiere.

Para coaccionar a los impartidores de justicia, emplearon la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, hoy Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

El papel que jugaban estos organismos de la Judicatura era amedrentar a los juzgadores.

Un total de 70 jueces, magistrados y secretarios de acuerdos fueron objetos de estas presiones. Muchos no se doblaron, otros intercambiaron favores por sentencias, señala el documento.

Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual colaborador de Luisa María Alcalde en la Segob es señalado de obligar a los juzgadores a dictar fallos en favor de la FGR y del Gobierno Federal.

En la investigación J/108/2024, abierta el pasado martes por el CJF, se indaga al funcionario por enriquecimiento ilícito, corrupción o extorsión, desvío de recursos públicos, violencia sexual y de género y acoso contra jueces y magistrados.

En el caso de Netzaí Sandoval Ballesteros en el IFDP, las supuestas presiones no las ejercía sobre los jueces sino con los defensores públicos federales, según dice la denuncia.

Además, le imputan la venta de plazas, el cobro de cuotas, bonos y aguinaldos a varios de los funcionarios que contrató en el instituto. 

A Edgar Manuel Bonilla del Ángel lo investigan por hechos de corrupción porque, cuando fue su director, aparentemente usó el IFECM para designar síndicos en los concursos mercantiles para que dichos procesos se inclinaran en un sentido u otro.