Martha Martínez
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 30-Apr-2024 .-El Senado de la República concluyó ayer el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura con más de una centena de nombramientos pendientes, entre ellos, 49 magistraturas electorales que serían responsables de calificar la próxima elección.
De esas magistraturas, dos corresponden a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de dos vacantes no cubiertas desde el 31 de octubre de 2023, cuando concluyeron sus periodos los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante.
Las otras 47 vacantes, seis magistraturas corresponden a Salas Regionales del TEPJF y 41 a tribunales locales.
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) que agrupa a académicos, sector empresarial y organizaciones sociales, demandó ayer al Senado dejar de postergar el cumplimiento de su obligación y designar las magistraturas faltantes en un periodo extraordinario, convocado explícitamente para ese fin.
Advirtieron que, de no hacerlo, se pondría en riesgo la integridad de las elecciones del 2 de junio.
"Nos encontramos inmersos en el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, y es imperativo que las autoridades electorales estén debidamente integradas para cumplir con su labor de otorgar certeza a los resultados de las elecciones", afirmaron.
El Senado tiene pendiente también la designación de los perfiles que sustituirán a tres comisionados del INAI.
El 22 de abril pasado, inició una vez más el proceso para designar a quienes ocuparán las vacantes que dejaron los comisionados Rosendoevgueni Monterrey, desde 2022, y Francisco Javier Acuña, en 2023.
No obstante, el proceso inició sin acuerdos y con el reconocimiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal de que sería difícil alcanzar la mayoría calificada que requieren los nombramientos.
Otros nombramientos pendientes son tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo pleno actualmente funciona con cuatro de los siete comisionados requeridos para llevar a cabo las sesiones y tomar decisiones claves para la industria, así como 72 vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Una más de las omisiones de la Cámara alta es la regulación del cannabis, pendiente de legislar desde 2019, cuando la Corte resolvió que la prohibición del consumo personal es inconstitucional y ordenó al Congreso cambiar la ley antes de que concluyera 2019.
Asimismo, tiene pendiente la minuta para extender licencias de paternidad hasta por 20 días por el nacimiento de un hijo, tanto en el sector público como privado.
Así como la Ley General de Aguas, reglamentaria de la reforma constitucional de febrero de 2012 y que debía de ser expedida en un plazo de 360 días después de su publicación.
