La crisis diplomática entre Perú y México, desatada por el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, ha entrado en una fase de riesgo de escalada tras las recientes declaraciones del presidente peruano, José Jerí.

En una entrevista publicada este domingo, el presidente Jerí afirmó estar abierto a la posibilidad de que fuerzas peruanas ingresen a la embajada mexicana en Lima para detener a Chávez, quien enfrenta una orden de captura internacional y cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Esta declaración tensa al máximo la situación, pues la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio fundamental del derecho internacional. Si bien Jerí matizó que su gabinete no ha tomado una decisión concreta, abrir la puerta a una acción de esta naturaleza constituye una amenaza directa a la soberanía de la misión mexicana y podría tener consecuencias graves.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reiteró su pedido de un salvoconducto para Chávez, quien lleva 18 días refugiada en la residencia diplomática, y aseguró haber recibido garantías de inviolabilidad de su sede por parte del gobierno peruano. No obstante, el refuerzo de la seguridad policial en la embajada peruana tras la orden de captura de Chávez sugiere un ambiente de alta desconfianza.

El conflicto ya ha llevado a Perú a romper relaciones diplomáticas con México, argumentando que el asilo es una injerencia en sus asuntos internos, y ambos países han retirado a sus embajadores. Un ingreso forzado a la sede diplomática mexicana, como ha sugerido el presidente Jerí, representaría una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y podría conducir a una ruptura total y permanente de las relaciones bilaterales, además de un amplio rechazo internacional.

El gobierno peruano también anunció su intención de solicitar una revisión a las normas sobre asilo diplomático en la región, lo que indica que el debate legal y político sobre este caso está lejos de concluir. La comunidad internacional observa con preocupación los movimientos, ante el potencial de que una crisis política interna en Perú termine desencadenando una grave crisis diplomática regional.