El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) junto con casi una veintena de organizaciones de la sociedad, denunció un derrame de hidrocarburo, a partir del incendio y explosión en la plataforma Akal-B de Pemex, en la Sonda de Campeche.

El siniestro inició el 22 de marzo y hasta el 9 de abril continuaba activo, de acuerdo con imágenes satelitales, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida, en un área mínima de 390 kilómetros cuadrados.

Esto no ha sido reportado por las autoridades quienes consideraron la explosión del 6 de abril como un “conato de incendio”, sin embargo, en realidad se tiene conocimiento que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y 9 más resultaron heridos.

Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en accidentes de este tipo desde 2009.

De tal forma, CEMDA urgió información transparente y medidas de atención, mitigación y de no repetición; saber con claridad los impactos y las medidas que se tomarán para prevenir la repetición de estos incidentes.

Es preciso saber las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y para la mitigación de sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.

Las organizaciones de la sociedad civil señalan como responsables de estos hechos tanto a Pemex como a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA).

Precisan que el aumento del 152% en la frecuencia de «accidentes» de Pemex en los últimos dos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, evidencian que en la paraestatal se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente.