CHIAPAS. La Fiscalía General del Estado (FGE) no está abordando adecuadamente los casos de violencia vicaria en la entidad, según denuncian madres afectadas. A pesar de que el Congreso del Estado aprobó una ley sobre violencia vicaria en febrero de 2024, esta problemática persiste y se sigue tratando como violencia familiar, lo que afecta los procesos legales y perjudica a las víctimas.

Las madres de familias que han sido separadas de sus hijos e hijas, denunciaron a la FGE porque no clasifica las denuncias y lo adjudica como violencia familiar, lo que dificulta el proceso legal y el propósito es tomar medidas para sancionar a los agresores, proteger a las infancias y garantizar la integridad de las mujeres.

“Siguen sin querer tomar las denuncias como violencia vicaria, las mujeres llegan a denunciar que han sido arrebatadas de sus hijos y les inician la carpeta como violencia familiar, cuando no es violencia familiar, la violencia vicaria tiene una pena de cárcel, hemos luchado hasta el cansancio para que se legisle y la Fiscalía no está ejerciendo su labor”, expresaron un par de madres en el mitin realizado por el 08 de marzo en Tuxtla Gutiérrez.

En el estado se estima que existen más de 60 denuncias de violencia vicaria, el caso más antiguo es de 14 años; también existen otros más recientes, de seis meses y hasta un mes.

“Hoy alzo la voz por todos los niños y niñas que han sido separados injustamente de sus mamás, esos niños se merecen tener una mamá, las mujeres merecemos poder maternar libremente, hoy alzo la voz por mis hermanas que están calladas, porque hemos vivido todo tipo de violencia, física, sexual, psicológica, violencia institucional y la peor de las violencias; violencia vicaria, porque nos han arrebatado a lo que más amamos, un violentador vicario, jamás será un buen padre”.

De acuerdo a especialistas en derecho, la violencia vicaria es aquella que se ejerce contra hijas, hijos, abuelos maternos, hermanos y seres queridos de una mujer para dañarla o causarle un trauma sicológico.

La Ley Vicaria sanciona este tipo de violencia de género, limita la patria potestad en casos de maltrato, además, prevé una pena de entre cinco y ocho años de prisión para quienes participen en la manipulación de menores con este propósito.