Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han levantado la voz en crítica al reciente anuncio de un nuevo emplacamiento vehicular en Tabasco, calificándolo como una medida meramente recaudatoria y un "golpe" a la economía de los contribuyentes en un momento de por sí ya complicado.

Los legisladores opositores coinciden en señalar que esta estrategia de la Secretaría de Finanzas no toma en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el estado, marcada por la falta de empleo, inversiones y una parálisis económica vinculada a la crisis de Pemex.

El coordinador parlamentario del PRD, Francisco Javier Cabrera Sandoval, tildó la estrategia como "bizarra y contra la economía de los Tabasqueños", asegurando que su verdadero fin es "fortalecer la estrategia política electoral de Morena del 2027". Cabrera Sandoval incluso propuso que, en lugar de un nuevo emplacamiento, el beneficio para los ciudadanos debió haber sido que la licencia vehicular no tuviera vigencia.

Por su parte, Patricia Lanestosa Vidal, coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, enfatizó que la recaudación del impuesto vehicular debe dirigirse "para beneficio de los tabasqueños". Criticó la forma en que se aplica el impuesto, argumentando que debió haberse realizado un estudio previo y establecerse de manera gradual y con facilidades de pago, en lugar de aplicarse de un solo "golpe".

En contraste, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de su líder Miguel Moheno Piñera, celebró la iniciativa, destacando el uso de "estrategias novedosas" para el emplacamiento. Moheno Piñera defendió la medida señalando que Tabasco ha sido históricamente uno de los estados con menor recaudación en este rubro. Además, hizo un llamado a "no politizar el tema" y respaldó la decisión de digitalizar los trámites.

La polémica subraya la tensión entre la necesidad gubernamental de aumentar la recaudación en un estado con bajos ingresos vehiculares y la percepción de los ciudadanos y opositores de que la medida es inoportuna y con posibles tintes electorales, impactando directamente en la ya mermada economía familiar.