VERACRUZ. Derivado del millonario fraude por la instalación del sistema de videovigilancia habilitado durante la pasada administración estatal de Miguel Ángel Yunes, el contralor general del Estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, dio a conocer que hay una investigación adicional ante el órgano interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con relación a las personas morales que intervinieron.

“Tenemos un resultado derivado de las dos investigaciones que se acumularon y se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa y tenemos en curso una investigación adicional que, dicho sea de paso, por los plazos prescriptivos que ahora determina la Ley General, tenemos 7 años para iniciar, para interrumpirlo y, una vez interrumpidos los plazos, se puede llevar el tiempo necesario ante los tribunales hasta que se emita la resolución”, expuso. 

Puntualizó que el órgano interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública inició dos investigaciones, las cuales se calificaron como faltas graves, se substanciaron al interior de la Contraloría General del Estado, a través de la dirección general de Responsabilidades Administrativas, durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares.

Posteriormente se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa que tiene competencia para conocer de faltas graves, mismas que en el nuevo diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, son aquellas que en su mayoría están relacionadas con hechos de corrupción.

Por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución en la que determinó responsabilidades administrativas, impuso las sanciones económicas en cuanto a los recursos estatales e instruyó, en uno de sus resolutivos, iniciar las investigaciones administrativas para las personas particulares que estuvieron involucradas en el sistema “fallido” de videovigilancia.

Este caso, que ha sido calificado como una falta grave, sigue bajo análisis en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción por la extensión del daño patrimonial y en materia de seguridad ciudadana.

El sistema de videovigilancia instalado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares ha sido señalado como un ejemplo de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

En su momento, se presentó como una solución innovadora para mejorar la seguridad en el estado, pero las auditorías y revisiones posteriores revelaron inconsistencias en la implementación, incumplimientos contractuales y un elevado costo que no se tradujo en beneficios concretos para la ciudadanía.