QUIINTANA ROO. El Juzgado Noveno de Distrito admitió la primera demanda de amparo contra el decreto de Área Natural Protegida que no le permite a Calica continuar con las labores extractivas de roca caliza, al sur de Playa del Carmen.

La declaratoria de Área Natural Protegida sobre sus terrenos, acto que frenó definitivamente la extracción de material pétreo al sur de Playa del Carmen, se llevó a cabo al final del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Rancho Piedra Caliza se acredita como propietaria de los terrenos donde Calica extrajo por más de dos décadas material pétreo para su envío a Estados Unidos.

La demanda fue admitida el martes pero el juez federal determinó no otorgar la suspensión provisional contra la declaratoria porque argumentó que contraviene el interés social relacionado con un programa de conservación ambiental.

“Ya que tales actos se relacionan directamente con la realización de un programa para la conservación de un área natural”, puntualizó el juez federal en el acuerdo publicado ayer dentro del expediente 1035/2024 de amparo indirecto.

El Área de Protección de Flora y Fauna, Felipe Carrillo Puerto, que comprende más de 53 mil hectáreas en Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel, fue decretado el pasado 23 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta superficie, alrededor de dos mil hectáreas son propiedad de esta empresa, que como consecuencia también quedó dentro de la reserva que no permite actividades de extracción pétrea, principal negocio de Calica.

En la demanda de amparo consultada se aprecia que Calica reclama la omisión del Gobierno de México de notificar sobre el decreto de declaratoria de Área Natural Protegida.

El próximo 26 de noviembre, en audiencia, Calica buscará el otorgamiento de la suspensión definitiva contra los efectos del decreto, mientras dura todo el proceso legal.

En tanto, la audiencia constitucional, que resolverá todo el juicio de garantías para que el juez federal emita una sentencia, está programada para el 6 de diciembre próximo.

No obstante, el Gobierno Federal aún no responde la demanda, por lo que el proceso legal se prevé se prolongue aún más como ha venido ocurriendo con otros juicios que la trasnacional ha iniciado.

Actualmente, Calica mantiene un juicio internacional con el que exige al gobierno mexicano la reparación del daño por la cantidad de mil 500 millones de dólares, tras haber frenado la extracción pétrea en Playa del Carmen.

Esta última demanda de derecho internacional la resuelve el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), proceso legal que se encuentra estancado.