CHIAPAS. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de 21 personas, por su probable responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de clorhidrato de cocaína y en la variante de posesión simple de marihuana.

Juan “L”, Carlos “L”, José “E”, Marcos “S”, Néstor “G”, Erick “N”, Carlos “P”, Kevin “C”, Cristian “A”, Benigno “U”, Carlos “H”, Heriberto “L”, Fernando “E”, Enrique “Z”, Mario “R”, David “G”, Josué “M”, Esbin “C”, Nelson “C”, César “C” y Martín “T” (estos últimos cuatro de nacionalidad guatemalteca), fueron detenidos en días recientes por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuando realizaban patrullajes terrestres motorizados de seguridad y vigilancia en Tuzantán, Chiapas.

Previamente, los militares fueron alertados de la presencia de civiles armados en la zona, por lo que se trasladaron a la carretera Huixtla-Tapachula, donde se encontraron con un convoy de vehículos, cuyos integrantes dijeron formar parte de una organización criminal (CDS).

Iban en cuatro vehículos y llevaban cartuchos, cargadores, así como dosis de cocaína y marihuana. Entre los sujetos arrestados hay persona de origen guatemalteco y todos aseguraron ser parte de una organización delictiva, trabajos de inteligencia señalan que serían integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los efectivos aseguraron además 29 armas largas, aproximadamente cinco mil 385 cartuchos, 264 cargadores, mil 74.8 gramos de marihuana, 284.7 gramos de clorhidrato de cocaína y cuatro vehículos.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó datos de prueba que resultaron contundentes para que el Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas impusiera vinculación a proceso por los delitos mencionados, medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social número tres, en Tapachula, y cuatro meses para la investigación complementaria.