QUINTANA ROO. La empresa Aguakan propiedad de Jorge Ballesteros Franco (demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada) da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo desde 1993, en la época de privatización del salinismo.

La concesión actual está programada para concluir el 31 de diciembre de 2023, pero durante la XIV Legislatura, se tomó la polémica decisión de extenderla hasta el año 2053, pero ante las irregularidades del otorgamiento y cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico.

Autoridades locales han interpuesto un recurso jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal y organizaron una consulta ciudadana que se celebró el 6 de junio de 2021 para votar sobre la anulación de la privatización durante el salinismo.

Por su parte el ex abogado y ex diputado local, David Álvarez Cervera, manifestó que en algunos municipios de Quintana Roo, desde el inicio fue ilegal, todos lo sabían y nadie hizo nada, hasta ahora que pretenden solucionar algo de manera inmediata.

Afirmó, que desde el inicio, la concesión fue ilegal, y lo más sorprendente es que esta situación era de conocimiento generalizado, pero nadie tomó medidas al respecto, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo hicieron algo para evitarlo en los inicios, pasaron varias administraciones y siguió todo igual, hasta ahora que llega esta nueva administración estatal, con la XVII Legislatura intentan detener algo, que todavía no es definitivo, por el contrato existente y por el dinero que se entregó en su momento.

Según el ex abogado, las irregularidades en la concesión a Aguakan han persistido sin que se tomaran acciones correctivas durante un tiempo considerable. Sostiene que el problema ha sido ignorado por las autoridades locales, lo que ha permitido a la empresa beneficiarse de manera indebida y sin consecuencias legales.

Dijo, “Todos lo sabían y nadie hizo nada”, añadió que la inacción ha generado un impacto significativo en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento en los municipios afectados, tomando en cuenta que esta debe ser una responsabilidad del Estado y que, ahora, con esta abrogación en la prórroga, deberá ser la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la que brinde el servicio y atienda todo lo relacionado con el agua a todos los municipios de Quintana Roo”.

Por su parte, el Congreso de Quintana Roo el pasado viernes en sesión del primer periodo extraordinario, y a propuesta del diputado morenista presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Pollitica (Jugocopo), Humberto Aldana Navarro por unanimidad de los 19 legisladores presentes, se acordó que a partir del 1 de enero del 2024 sea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), la que ofrezca esos servicios.

En la misma sesión, también se autorizó a los 11 gobiernos municipales que busquen alternativas para atender los servicios que ofrecía la concesionaria.

El coordinador Morenista, Aldana Navarro, ha fundamentado su propuesta destacando la necesidad de revisar y reconsiderar los términos de la concesión, asegurándose de que estén alineados con los intereses y necesidades de la población de Quintana Roo.

Cabe señalar, que en su momento, la empresa le pagó al estado de Quintana Roo, más de mil millones de pesos, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, por diversas denuncias de la población.