El Gobierno de México ha optado por un despliegue de seguridad sin precedentes en el centro de la Ciudad de México, a pocas horas de la movilización masiva convocada por la "Generación Z" contra la corrupción, el miedo y la desinformación. Lejos de un simple operativo de vigilancia, las acciones tomadas configuran un verdadero "blindaje" que levanta serias interrogantes sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas.
La colocación de barricadas de concreto en accesos clave al Zócalo, como la calle 16 de septiembre, no solo limita el paso vehicular, sino que restringe el libre tránsito peatonal, impactando la vida cotidiana de los ciudadanos. A esto se suma el reforzamiento con soldadura, cadenas y candados de las ya existentes vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional. Este nivel de fortificación es más propio de un estado de sitio que de una medida preventiva ante una manifestación, mayoritariamente, juvenil.
Las autoridades justifican este "cerco" como una medida para evitar bloqueos, alteraciones del orden o, específicamente, un intento de ingreso a Palacio Nacional, citando protestas anteriores. Sin embargo, la magnitud del despliegue parece desproporcionada ante el perfil de los convocantes. La "Generación Z" ha articulado su protesta a través de redes sociales, centrándose en temas que, irónicamente, el propio gobierno ha prometido combatir.
La respuesta gubernamental, más que transmitir seguridad, proyecta una imagen de vulnerabilidad y temor ante la crítica organizada. La ironía capturada por el usuario de redes sociales Agustín Antonetti resume el sentir de muchos: si la aprobación es tan alta y los manifestantes son minimizados como "bots", ¿por qué montar "prácticamente una base militar" para contenerlos?
El derecho a la libre manifestación está constitucionalmente garantizado. La obligación del Estado es asegurar el ejercicio pacífico de este derecho, no disuadirlo mediante la militarización de la zona central de la capital. La construcción de muros físicos y la restricción de accesos, en lugar de aislar a los manifestantes del Palacio Nacional, corre el riesgo de aislar al propio gobierno de las demandas ciudadanas y de la crítica social, un pilar fundamental en cualquier democracia.
